Juan Carlos Torres y Jesús Barrios Melean admitieron su responsabilidad en la primera jornada del juicio por los presuntos sobornos vinculados a la construcción de la central termoeléctrica Planta El Sitio, en Venezuela. Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa, ambos exviceministros venezolanos, rechazaron las acusaciones.
BITÁCORA58.COM
La trama de presunta corrupción vinculada a la construcción de una central termoeléctrica en Venezuela volvió a quedar bajo el escrutinio de la Justicia española. El expresidente de la compañía Duro Felguera, Juan Carlos Torres, y Jesús Barrios Melean, señalado como testaferro del exviceministro venezolano Nervis Villalobos, se declararon culpables ante la Audiencia Nacional de España durante la primera jornada del juicio, celebrada el lunes 19 de octubre.
El proceso investiga el presunto pago de sobornos a funcionarios venezolanos para conseguir la adjudicación del contrato de construcción de la central termoeléctrica Planta El Sitio, destinada a abastecer de electricidad a la Gran Caracas. La información fue difundida por la organización no gubernamental Transparencia Venezuela.
Un acuerdo con la Fiscalía reduce la exposición penal del expresidente
Juan Carlos Torres comunicó ante el tribunal que había alcanzado un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción. Como parte de ese pacto, pagará una multa de 4.800 euros, una cifra considerablemente inferior a las sanciones solicitadas inicialmente por el Ministerio Público.
La Fiscalía había pedido para el expresidente de Duro Felguera nueve años y medio de prisión, además de una multa de 160 millones de euros. Los detalles completos del acuerdo no se habían hecho públicos en el momento de conocerse su declaración.
Por su parte, Jesús Barrios Melean se declaró culpable mediante una videollamada desde Estados Unidos. Su admisión se produjo poco después de que Nervis Villalobos negara su responsabilidad en los hechos investigados.
Las declaraciones de culpabilidad de ambos acusados contrastaron con la postura de los exfuncionarios venezolanos, quienes mantienen su rechazo a las acusaciones relacionadas con el supuesto pago de comisiones ilegales para favorecer a la empresa española.
Nervis Villalobos insiste en su inocencia
El exviceministro de Energía de Venezuela, Nervis Villalobos, rechazó los señalamientos en su contra al comienzo de la audiencia. «Soy inocente», afirmó ante el tribunal.
La Fiscalía Anticorrupción solicita para Villalobos una pena de ocho años y nueve meses de prisión, además de una multa de 3,6 millones de euros. Según la investigación judicial, el exfuncionario habría recibido sobornos a cambio de facilitar la adjudicación del contrato público.
El juez instructor Ismael Moreno fijó en 105 millones de dólares el monto del soborno que presuntamente habría recibido Villalobos por favorecer la operación.
El exviceministro también aparece vinculado a otras investigaciones judiciales en España, entre ellas la macrocausa relacionada con Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el denominado caso Leire Díez.
Javier Alvarado Ochoa, otro exviceministro venezolano señalado en el expediente, también negó haber recibido pagos ilegales. Para él, la Fiscalía solicita una multa de 1,6 millones de euros y tres meses de prisión.
Una adjudicación de 1.500 millones de dólares bajo sospecha
Los hechos investigados se remontan a 2009, cuando Venezuela atravesaba una grave crisis eléctrica que provocó restricciones del servicio y obligó a las autoridades a impulsar proyectos para incrementar la generación de energía.
En ese contexto, el Gobierno venezolano promovió la construcción de la central termoeléctrica Planta El Sitio, ubicada en Santa Lucía, estado Miranda, con el objetivo de reforzar el suministro eléctrico de la Gran Caracas.
Según la investigación dirigida por el juez Ismael Moreno, el entonces ministro de Energía Eléctrica, Rafael Ramírez, habría intervenido para que el contrato fuera adjudicado a Duro Felguera. A cambio, la compañía presuntamente se habría comprometido a entregar dinero a funcionarios venezolanos que habrían influido en la decisión.
La empresa española participó en el proyecto a través de la unión temporal de empresas Termocentro. De acuerdo con la hipótesis judicial, esa estructura habría suscrito contratos con entidades y personas venezolanas para encubrir el pago de comisiones o sobornos.
El contrato investigado estaba valorado en aproximadamente 1.500 millones de dólares, una cifra que dimensiona la magnitud económica de una operación que ahora se encuentra en el centro de un proceso judicial por presunta corrupción internacional.
En julio de 2023, el juez instructor procesó a 12 personas y cuatro empresas por posibles delitos de corrupción internacional, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.
Las defensas buscan anular el procedimiento
La primera jornada del juicio también estuvo marcada por las objeciones de las defensas, que solicitaron la anulación del proceso alegando supuestas irregularidades durante la instrucción.
Entre sus argumentos, los abogados cuestionaron el registro realizado en la sede de Duro Felguera. Sostuvieron que las pruebas obtenidas se originaron en un dispositivo USB entregado anónimamente a la Fiscalía y que no habría contado con una cadena de custodia adecuada.
Las defensas también cuestionaron la precisión de la acusación, al considerar que no se individualiza suficientemente la participación atribuida a cada procesado ni se explica con claridad la presunta operativa de blanqueo de capitales.
Estas alegaciones deberán ser examinadas por el tribunal en el marco del procedimiento. Su planteamiento no implica, por sí mismo, que las pruebas hayan sido anuladas ni que la causa haya quedado sin efecto.
Las audiencias continuarán el miércoles, en una causa que mantiene bajo la lupa judicial las relaciones entre intereses empresariales españoles y funcionarios venezolanos durante la ejecución de grandes contratos públicos.
Corrupción, dinero público y responsabilidades pendientes
El caso Duro Felguera vuelve a poner sobre la mesa las interrogantes acerca de cómo se adjudicaron contratos millonarios en Venezuela y qué mecanismos se habrían utilizado para canalizar pagos ilegales a funcionarios con capacidad de decisión.
Mientras dos acusados admitieron su responsabilidad, Villalobos y Alvarado Ochoa mantienen su inocencia frente a los señalamientos. La evolución del juicio permitirá conocer el alcance de las pruebas, los acuerdos alcanzados con la Fiscalía y las responsabilidades que eventualmente establezca la Justicia española.
Más allá de las estrategias de defensa y de las consecuencias penales individuales, la investigación plantea una cuestión de fondo: cómo se gestionaron recursos destinados a atender una emergencia eléctrica en un país cuyos ciudadanos padecieron prolongados problemas de suministro.
La causa sigue su curso y corresponderá a los tribunales determinar las responsabilidades penales de los acusados, respetando las garantías procesales y la presunción de inocencia de quienes todavía no hayan sido condenados.
