El abogado Carlos Alberto Bonilla Álvarez, presidente del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, pasó de promocionar su gestión con remodelaciones de fachadas a enfrentar una ola de rechazo público. El motivo principal de las denuncias en su contra es el manejo de una de las causas judiciales más sensibles del país: el expediente del capitán Juan Carlos Caguaripano y los 22 procesados por el caso de la toma al Fuerte Paramacay.
Bonilla Álvarez asumió formalmente la dirección del poder judicial penal en la entidad en agosto de 2025, cuando fue juramentado en Caracas por la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez.
Su carrera previa incluye funciones temporales en los tribunales laborales del estado Barinas y un paso posterior por el Juzgado Superior en lo Civil Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, cargo que ocupó hasta agosto de 2025.
Tras su designación en Valencia, asumió la jefatura del circuito judicial a la par de asumir la presidencia de la Sala 2 de la Corte de Apelaciones y reservarse la ponencia del caso.
A propósito de esta trayectoria, el exfiscal del Ministerio Público (MP), Zair Mundaray, ofreció detalles sobre el perfil del funcionario, señalándolo como “un abogado de bajo nivel académico y muy cercano al gobernador de Carabobo Rafael Lacava, a quien respaldó en los procesos judiciales intentados contra la ONG Provea”.
Mundaray reveló además que Bonilla “formó parte del grupo que tomó el Colegio de Abogados de Carabobo a través de una polémica sentencia del TSJ” —luego de que la directiva legítima fuera removida por invitar a María Corina Machado a sus instalaciones— y aseguró que el ahora presidente del circuito “ya arrastraba una destitución previa por irregularidades cometidas en Barinas”.
Desde su llegada al cargo en Valencia, las cuentas oficiales del Palacio de Justicia han mostrado una gestión volcada a las redes sociales, difundiendo de forma continua fotos de aplicación de pintura, jornadas médicas internas y simulacros de audiencias.
Sin embargo, los profesionales del derecho y los familiares de los presos políticos ven una realidad distinta a esa versión estética, denunciando que los tribunales operan con un pesado retraso procesal en las causas de fondo.
La maniobra en el caso Paramacay
El descontento gremial estalló tras conocerse una medida interna en la Corte de Apelaciones de Valencia. El caso de Caguaripano fue retirado de la Sala 1. Allí, el juez Alejandro Chirimelli presuntamente tenía lista una propuesta para revocar las penas. El expediente pasó a la Sala 2, presidida por el propio Bonilla Álvarez.
Defensores de derechos humanos afirman que Bonilla presionó a los magistrados disidentes. El funcionario los amenazó para forzar la ratificación de las condenas. Esta acción obliga prácticamente a reiniciar todo el litigio.
En la práctica, la defensa y los familiares lo acusan de actuar como «juez y parte«. Buscan asegurar que el castigo de 30 años quede firme. Además, las autoridades ignoran las solicitudes de revisión médica para detenidos con salud crítica. Activistas de derechos humanos afirman que esta es la forma en que los tribunales de la región operan siempre para castigar a los presos políticos.
Solo cumple órdenes…
Frente a este escenario, Irene Olazo, esposa del capitán Juan Carlos Caguaripano, calificó las recientes decisiones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo como una «extensión clara de la tortura» que el Estado venezolano aplica de manera sistemática tanto a los 23 condenados a la pena máxima de 30 años de prisión como a sus allegados.
“El juez Carlos Bonilla se para firme y solo cumple órdenes”, afirmó la denunciante.
El rechazo hacia las actuaciones del funcionario no se limita a las causas políticas. En las plataformas de denuncia y canales informativos del circuito penal, los usuarios diarios descargan sus reclamos por el estancamiento de los juicios comunes. Fustigan que las obras estéticas en las sedes judiciales de Valencia solo intentan tapar las fallas operativas de la institución y el grave retardo procesal que sufren los ciudadanos de a pie.
El origen del expediente Paramacay
Este caso comenzó en la madrugada del 6 de agosto de 2017. Un grupo liderado por el capitán de la GNB, Juan Carlos Caguaripano, tomó el Fuerte Paramacay en Valencia. Esta sede pertenece a la 41° Brigada Blindada del Ejército.
La acción fue bautizada como la «Operación David«. Su propósito era iniciar un movimiento militar en rechazo a la administración de Nicolás Maduro. Durante la incursión, el grupo extrajo más de un centenar de fusiles de asalto y lanzagranadas. Luego se replegaron tras enfrentarse con tropas leales al Gobierno.
La persecución contra los implicados duró varios días. El capitán Caguaripano fue detenido una semana después, el 11 de agosto de 2017, por comisiones policiales en Caracas. También capturaron al primer teniente del Ejército, Jefferson García Dos Ramos. A él lo señalaron como el enlace que facilitó el ingreso al fuerte.
Los acusados pasaron más de ocho años recluidos en el Sebin de El Helicoide. Organizaciones de derechos humanos denunciaron constantes aislamientos y torturas en este periodo.
Finalmente, el tribunal dictó sentencia a finales de diciembre de 2025. El fallo condenó a Caguaripano, García Dos Ramos y otros 21 implicados a 30 años de prisión. Esta sentencia es el centro de las polémicas apelaciones actuales en Carabobo.
EL PITAZO
