El Amazonas y el sur del Orinoco no solo representan riqueza mineral, sino también uno de los ecosistemas más importantes del planeta. El contraste entre la legislación recién aprobada y la devastación visible en estas regiones .
La reciente aprobación de la nueva Ley de Minas por parte de la Asamblea Nacional plantea un escenario de apertura económica y atracción de inversiones. Sin embargo, esta decisión contrasta fuertemente con la realidad ambiental que se vive en regiones como el Amazonas y el sur del Orinoco, donde la actividad minera ha dejado una huella profunda de destrucción.
Un marco legal que promete orden
La nueva normativa, impulsada por Delcy Rodríguez, busca formalizar la actividad minera, atraer capital privado y establecer reglas más claras para el sector. Entre sus disposiciones destacan sanciones para la explotación en áreas protegidas y mecanismos de control sobre la actividad, pero parece que la conservación de esta parte tan importante no solo para Venezuela, sino para el planeta no les importa para nada.
En el papel, la ley pretende equilibrar desarrollo económico con regulación ambiental, pero la realidad es otra.
Y así lo explicó el periodista y conservacioncita Fritz Sánchez, el artículo 80 del proyecto de «LeyDeMinas» estipula que un minero «artesanal» puede cargar hasta 60 gramos de oro, sin importar si fueron obtenidos de zonas protegidas; lo importante es que estén inscritos en el RUM (Registro Único Minero).
Una realidad marcada por la destucción
Pero en la práctica, el panorama en el sur del país cuenta otra historia. Regiones como el Amazonas venezolano y el Arco Minero del Orinoco han sido escenario de una expansión descontrolada de la minería, en gran parte ilegal.
Nuestras comunidades indígenas y organizaciones ambientales lo han denunciado:
- Deforestación acelerada de la selva amazónica
- Contaminación de ríos con mercurio
- Desplazamiento de comunidades indígenas
- Presencia de grupos armados irregulares
- Explotación laboral y condiciones precarias
Lejos de un modelo regulado, lo que predomina es una economía extractiva sin control efectivo.
Las dos caras de la moneda
El choque entre la ley y la realidad es evidente:
- Discurso oficial: Promoción de inversión, regulación y desarrollo sostenible.
- Terreno real: Destrucción ambiental, minería ilegal y ausencia de Estado.
Mientras la ley establece penas de hasta 15 años por explotación en zonas protegidas, lugareños y conservacionistas indican que estas prácticas ya ocurren de forma sistemática sin consecuencias claras.
¿Regular lo que ya está fuera de control?
La aprobación de esta ley abre un debate clave, ¿puede el Estado venezolano garantizar el cumplimiento de estas normas en territorios donde históricamente ha tenido poca presencia?
La respuesta es clara y concisa, no, no puede el estado venezolano garantizar el cumplimiento de estas normas, ¿la razón?, son ellos mismos quienes violan las normas.
Para críticos, expertos y sobre todo los habitantes existe el riesgo de que la apertura a la inversión extranjera no corrija los problemas existentes, sino que los amplifique si no se acompaña de controles reales, transparencia y protección ambiental efectiva, que el chavo-madurismo y ahora en la nueva era delcisista, no habrá transparencia en dicha ley.
Mientras la asamblea nacional chavista apruebe leyes que prometen desarrollo y prosperidad, en lo profundo del Amazonas venezolano y el Arco Minero del Orinoco la tierra grita en silencio. Cada árbol talado, cada río envenenado y cada comunidad desplazada nos recuerda que el verdadero costo del “progreso” no siempre se mide en cifras, sino en vida.
REDACCIÓN: BITACORA58
