Margareth Baduel, hija del fallecido exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, denunció que su hermano, el preso político Josnars Baduel, fue trasladado de emergencia a la enfermería del penal El Rodeo I tras sufrir una “crisis”, en medio de un clima de tensión y denuncias de represión dentro del recinto.
La información fue difundida a través de un video publicado en redes sociales, donde la activista explicó que recibió reportes sobre el traslado de su hermano para recibir atención médica. Este hecho ocurre en paralelo a una protesta protagonizada por presos políticos extranjeros recluidos en esa cárcel ubicada en el estado Miranda.
Según relató Baduel, la crisis de su hermano estaría relacionada con los acontecimientos registrados durante la jornada, en la que organizaciones alertaron sobre heridos tras acciones represivas dentro del penal. La activista denunció que las autoridades habrían utilizado gas pimienta y bombas lacrimógenas contra los detenidos desde el día anterior.
En ese contexto, responsabilizó al Gobierno por cualquier daño que pueda sufrir su hermano o el resto de los presos políticos recluidos en El Rodeo I, insistiendo en la gravedad de la situación.
Organizaciones de derechos humanos también encendieron las alarmas tras reportar enfrentamientos dentro del centro penitenciario, donde se habría iniciado una protesta en el patio del recinto. De acuerdo con denuncias, la respuesta de los custodios incluyó la retirada de pertenencias básicas a los reclusos, así como el uso de agentes químicos para dispersar la manifestación.
Incluso, se ha advertido sobre la posible existencia de heridos y la presunta muerte de un detenido, información que hasta el momento no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.
El caso de Josnars Baduel se suma a una larga serie de denuncias sobre su estado de salud. Familiares y ONG han señalado en reiteradas ocasiones que el joven requiere atención médica urgente por diversas afecciones y que su condición se ha deteriorado progresivamente en prisión.
El Rodeo I ha sido señalado por exdetenidos y defensores de derechos humanos como un centro con condiciones extremas de reclusión, donde se reportan prácticas de aislamiento, incomunicación y presuntos tratos crueles.
Ante la situación actual, organizaciones y familiares exigen una investigación inmediata, el acceso de organismos humanitarios como la Cruz Roja y garantías para la vida e integridad de los presos políticos que permanecen en ese recinto.
