Nueve años tras las rejas y sin respuesta para Caguaripano y otros 22 venezolanos. La espera judicial se prolonga mientras las familias siguen esperando una decisión sobre las condenas de 30 años impuestas por el caso Paramacay.
Por bitacora58.com
Nueve años después de los hechos del Fuerte Paramacay, el capitán Juan Carlos Caguaripano y otros 22 venezolanos continúan atrapados en un proceso judicial que todavía no encuentra respuesta definitiva.
El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa denunció este sábado que la Corte de Apelaciones de Carabobo aún no se ha pronunciado sobre los recursos presentados contra las condenas impuestas en diciembre de 2025.
La situación mantiene en vilo a familiares y defensores de los procesados. El pasado 26 de agosto se realizó la audiencia de apelación y la instancia judicial se reservó un lapso de diez días hábiles para decidir si mantenía, modificaba o anulaba las condenas. Ese plazo ya venció sin que se conozca públicamente una decisión.
Guanipa calificó la espera como cruel y recordó que son 23 venezolanos que llevan alrededor de nueve años vinculados al caso, muchos de ellos privados de libertad desde 2017.
El silencio judicial adquiere mayor peso porque en diciembre de 2025 los 23 procesados fueron condenados a la pena máxima de 30 años de prisión. Organizaciones y familiares cuestionaron entonces el proceso y denunciaron presuntas irregularidades relacionadas con el debido proceso.
Una condena que marcó sus vidas
El caso se remonta al 6 de agosto de 2017, cuando un grupo de militares y civiles participó en el asalto al Fuerte Paramacay, en Naguanagua, estado Carabobo. Caguaripano fue señalado como uno de los principales protagonistas de aquella incursión.
Desde entonces, el capitán permanece privado de libertad. Actualmente se encuentra recluido en El Rodeo I, en el estado Miranda, mientras sus familiares continúan esperando una respuesta de los tribunales. Reportes recientes señalan además las dificultades de comunicación que su familia ha enfrentado durante su reclusión.
La defensa ha cuestionado aspectos del proceso y ha solicitado que la instancia de apelación revise la sentencia. La Corte tiene entre sus posibilidades confirmar el fallo, modificarlo o anularlo conforme al alcance del recurso presentado.
Una familia que sigue esperando
Detrás del expediente judicial hay familias que llevan años viviendo con la incertidumbre. Cada audiencia, cada traslado y cada anuncio judicial vuelve a despertar la esperanza de que finalmente llegue una respuesta.
En el caso de Caguaripano, su esposa ha denunciado las condiciones de reclusión y la falta de comunicación con el capitán. Según su testimonio recogido recientemente por El Pitazo, desde marzo de 2024 no mantiene comunicación telefónica con él.
Guanipa también denunció que Caguaripano habría sido víctima de torturas y cuestionó su exclusión de una amnistía que, según sostuvo, debía beneficiar a presos políticos.
El dirigente opositor exigió la libertad inmediata del capitán y de los demás presos políticos civiles y militares.
Mientras tanto, la respuesta de la Corte de Apelaciones de Carabobo continúa pendiente.
Para los familiares, la espera no es un trámite administrativo. Son años de separación, incertidumbre y angustia frente a una sentencia de tres décadas que todavía está bajo revisión.
El caso Paramacay vuelve así a colocar sobre la mesa la situación de los presos políticos y las denuncias sobre el funcionamiento de la justicia venezolana. La decisión que esperan 23 venezolanos no es solamente un documento judicial. Para sus familias puede significar el comienzo del fin de una espera que ya dura casi una década.
