El 3 de diciembre de 2025, Jorge Ibarra, un comerciante nacido en Estados Unidos y nacionalizado venezolano, tomó una decisión que casi le cuesta la vida: acudir a las autoridades policiales. Llevaba días recibiendo amenazas de muerte en redes sociales por parte de una persona que lo acusaba de involucrarse con su pareja sentimental. En sus mensajes, este hombre alardeaba de influencias y de ser “amigo personal” del ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.
Buscando protección, Ibarra acudió a la sede de la Policía del estado Anzoátegui, ubicada en el sector Crucero de Lecherías, en la ciudad de Barcelona, sin sospechar que el recinto se transformaría en un centro de extorsión. Mientras le rendía declaraciones a una funcionaria de apellido Salazar —quien preparaba una citación tanto para el afectado como para el acosador—, el comando se convirtió en una trampa.
En ese instante, entre cinco y siete policías vestidos de negro irrumpieron en la oficina. Los oficiales trasladaron al comerciante a un cubículo aislado, lo esposaron y lo obligaron a mirar fijamente hacia la pared. Presuntamente, los uniformados habían negociado previamente con el ciudadano que venía acosando a Ibarra.
Así comenzó una sesión de terror psicológico que se extendió por 10 horas, según denunció el afectado a El Pitazo. Los uniformados le tomaron fotos y videos bajo la amenaza de sembrarle armas o falsas evidencias comprometedoras.
“Si no colaboras, te montamos un caso para que pases como mínimo cinco años preso; si denuncias, buscamos a tu hijo, sabemos dónde está tu familia”, le sentenciaron mientras lo despojaban de una cadena de oro.
De conflicto civil a atraco policial
Aunque la disputa original era un problema entre civiles, quienes ejecutaron la extorsión económica y el robo directo fueron los funcionarios policiales. Con total impunidad, obligaron al comerciante a llamar a su socio para que ayudara a conseguir dinero, bajo la amenaza de involucrarlo también en delitos falsos, según su relato a El Pitazo.
Para otorgarle la libertad, los policías lo forzaron a vender un camioneta valorada en unos 14 mil dólares por apenas 7 mil. La venta la hicieron los mismos uniformados, quienes recibieron directamente el dinero del “comprador”, sin que mediara la firma de documento alguno.
No conformes con el efectivo, los funcionarios le sacaron otros 6 mil dólares de sus cuentas bancarias e, incluso, utilizaron sus tarjetas de débito de Bank of América para comprar comida en un restaurante de Lechería mientras lo mantenían en cautiverio dentro del comando.
Al día siguiente y ya en libertad, la víctima viajó a Caracas, buscó respaldo y difundió un video en redes sociales. La denuncia pública rompió el miedo en la región: a los pocos días, un comerciante de El Tigre, dueño de un negocio de repuestos, publicó otro video donde se atrevió a denunciar que esa misma banda uniformada, el 11 de diciembre de 2025, le había exigido miles de dólares bajo el mismo modus operandi. Lo acusaban de acumular material estratégico y oro.
En el material audiovisual, este comerciante señala que lo secuestraron junto a su esposa y, al final, los funcionarios lograron su objetivo en efectivo y oro.
El delito de valimiento
Actualmente, el civil que amenazó a Jorge por redes sociales se encuentra detenido. Sin embargo, tras las rejas no está por extorsión ni por amendrentarlo, sino porque al invocar el nombre de un ministro, el Ministerio Público le imputó el delito de valimiento, una acusación que ha evitado que reciba beneficios procesales.
No obstante, la defensa de Jorge encendió las alarmas de impunidad al estructurarse el caso para el juicio. Y es que las experticias y el expediente fueron direccionados para procesar penalmente al civil detenido, dejando fuera de la acusación “a los verdaderos extorsionadores de la policía de Anzoátegui”.
Ante este manejo irregular, los abogados defensores interpusieron un recurso legal cuestionando el manejo del proceso. Esta acción jurídica fue exitosa y logró que toda la diligencia judicial previa fuera anulada, ordenando que el proceso inicie completamente desde cero.
“Aunque esto retrasa la convocatoria inmediata al juicio, representa una victoria estratégica para la víctima, ya que impide que la Fiscalía cierre el caso con un chivo expiatorio civil mientras los policías implicados siguen libres y con placa”, destacó la defensa.
Estricto apego a la ley
La víctima y su equipo legal se encuentran a la espera de la nueva convocatoria. El llamado que hacen es al juez y fiscal que asumirán la causa desde cero, para que actúen con estricto apego a la ley, protejan a los afectados y no «a los delincuentes uniformados». «Los ciudadanos tienen derecho a que la policía les proteja, y nunca los aterrorice«, destacaron.
Los afectados hacen un llamado a las autoridades nacionales para que se garantice la integridad de la cadena de mando de la Policía del estado Anzoátegui, les devuelvan a las víctimas los bienes robados y se evite que el poder político sirva de escudo «para proteger a delincuentes con placa».
EL PITAZO
