Las declaraciones de Víctor de Aldama este miércoles señalan directamente a Pedro Sánchez como la figura principal en la jerarquía de lo que él mismo denominó una «banda organizada». El empresario, pieza central en la investigación por comisiones irregulares en la compra de mascarillas, afirmó que el presidente del Gobierno español ocupaba el «escalafón 1» de esta estructura criminal, asegurando que Sánchez estaba al tanto de las mordidas y que lo «tenía claro y lo sabía».
Durante su comparecencia, Aldama detalló que el flujo de dinero hacia el exministro José Luis Ábalos osciló entre los 3,5 y los 4 millones de euros. Según su testimonio, la organización operaba con niveles muy definidos donde «el señor presidente Pedro Sánchez está en el escalafón 1; el señor Ábalos en el escalafón 2 porque es el que daba y otorgaba», situando posteriormente a Koldo García en el tercer puesto y a sí mismo en el cuarto. El comisionista, que ahora colabora con la Fiscalía, relató incluso un episodio de 2019 en el que el propio Sánchez le habría agradecido su labor, confirmando que sabía «perfectamente» todo lo que estaba haciendo.
Por su parte, desde el Ejecutivo han reaccionado con una aparente calma, restando valor a estas acusaciones y calificando a Aldama como «un gran mentiroso». El Gobierno recordó que cualquier acusado tiene el derecho legal a faltar a la verdad como parte de su estrategia de defensa. Esta postura es coherente con lo expresado anteriormente por el presidente Sánchez, quien ha negado de forma sistemática haber mantenido reuniones o tener cualquier tipo de vínculo con el empresario.
Finalmente, el PSOE ha anunciado que buscará el amparo del Tribunal Supremo para frenar lo que consideran una campaña de difamación e injurias, insistiendo en que «no existe financiación ilegal» dentro de sus filas. Desde el partido sostienen que las palabras de Aldama son simplemente una herramienta de engaño para generar ruido mediático sin aportar pruebas reales, subrayando que se trata de una maniobra desesperada para intentar salvar su situación judicial tras ser investigado también por un fraude millonario en el sector de los hidrocarburos.
