El fiscal general Larry Devoe confirmó la creación de vías de «comunicación directa» con diversas ONG que trabajan por los derechos humanos en Venezuela. A través de su cuenta en X, el funcionario detalló que extendió una invitación formal a estas agrupaciones para que formen parte de la Consulta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal. En este encuentro participaron delegados de organizaciones clave como Provea, Civilis, SurGentes y Cecodap.
Por su parte, Oscar Murillo, quien coordina Provea, utilizó la misma plataforma para precisar que durante la reunión expuso una serie de planteamientos enfocados en blindar los derechos fundamentales. Murillo subrayó la importancia de actuar frente a la «actual y compleja coyuntura política y la necesidad de corregir las fallas estructurales que permiten la impunidad y la denegación de justicia en Venezuela».
Para avanzar hacia una verdadera reconstrucción de las instituciones, el vocero de Provea insistió en que el Poder Judicial debe asegurar que los recursos de habeas corpus sean procesados sin trabas, además de garantizar que cualquier ciudadano bajo arresto pueda contar con un abogado de su elección para «cortar la cadena de abusos y arbitrariedades». Murillo cerró su intervención reafirmando que el progreso real del país depende de que las autoridades atiendan el clamor ciudadano, siempre bajo la premisa de que «el único camino para el desarrollo sostenible de Venezuela requiere que se escuche a la gente con el foco puesto en el respeto a la Constitución y los derechos humanos».
