Acuerdos, reformas y anuncios de inversión vuelven a ocupar el discurso oficial sobre el sistema eléctrico venezolano. Pero para millones de ciudadanos, la pregunta sigue siendo la misma: ¿cuándo se traducirán esas promesas en electricidad estable, servicios eficientes y una mejor calidad de vida?
Redacción Bitácora58.com
Delcy Rodríguez vuelve a hablar de apertura, inversión privada y recuperación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Esta vez, la propuesta contempla permitir una mayor participación de empresas privadas y mixtas en áreas como generación, transmisión, distribución y comercialización.
Sobre el papel, el planteamiento representa un cambio importante frente al modelo de control estatal que durante años ha dominado el sector. En la práctica, sin embargo, buena parte de lo anunciado continúa siendo eso, planes, acuerdos, proyectos y promesas que todavía deben convertirse en resultados concretos para los venezolanos.
El ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, y el presidente de Corpoelec, Juan Fernández, presentaron esta semana un balance del supuesto plan de recuperación del SEN y defendieron la reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico como una vía para incorporar capital privado.
Pero la reforma todavía debe completar su proceso legislativo. Es decir, la anunciada apertura del sector no significa que Venezuela haya entrado ya en una nueva etapa de inversión privada ni que el sistema eléctrico haya sido transformado.
Mientras tanto, la realidad cotidiana continúa siendo otra.
Venezuela lleva años esperando la recuperación del sistema
Los venezolanos han escuchado durante años anuncios de recuperación, estabilización, inversiones, repotenciación y nuevos megavatios. Sin embargo, los problemas estructurales del sistema eléctrico siguen presentes.
Fuera de Caracas, los cortes continúan afectando a comunidades que han tenido que acostumbrarse a organizar sus vidas alrededor de los apagones. En los momentos más críticos, usuarios de distintas regiones han reportado interrupciones que pueden prolongarse durante varias horas.
El problema no es únicamente la falta de generación. También están las deficiencias en transmisión y distribución, el deterioro de equipos, la falta de mantenimiento y una infraestructura que requiere inversiones sostenidas durante años.
El apagón nacional de marzo de 2019 quedó como uno de los episodios más graves de esta crisis, pero no fue el inicio del problema ni su final.
Ahora el Gobierno vuelve a presentar un nuevo esquema como la posible salida.
De la militarización a la apertura
El contraste resulta evidente.
En 2013, el Gobierno de Nicolás Maduro incorporó a la Fuerza Armada al control y funcionamiento del sistema eléctrico y estableció mecanismos de resguardo militar sobre instalaciones consideradas estratégicas.
Años después, el mismo modelo estatal fuertemente controlado busca ahora atraer empresas privadas y capital internacional para recuperar una infraestructura que se encuentra severamente deteriorada.
La pregunta no es solamente quién participará en el negocio eléctrico.
La pregunta fundamental es qué resultados concretos verá el ciudadano que lleva años pagando las consecuencias del deterioro del sistema.
Porque un acuerdo firmado en un despacho oficial no enciende automáticamente una comunidad. Una reforma legal no repara por sí sola una subestación. Y un anuncio de inversión no significa que una familia deje de sufrir apagones.
Empresas internacionales y más promesas de recuperación
El Gobierno ha anunciado acuerdos y trabajos con empresas como Eurobras, IMPSA, General Electric y Siemens para intervenir equipos de generación, transmisión y distribución.
También se ha informado sobre acuerdos entre PDVSA y GE Vernova para recuperar infraestructura eléctrica vinculada con la industria petrolera y sobre una alianza para avanzar en la recuperación del SEN.
Las autoridades manejan metas ambiciosas.
Entre ellas se encuentra la incorporación de 1.000 megavatios durante los primeros 24 meses y otros 5.000 MW durante los cuatro años siguientes, pero, la realidad es que nada se ha concretado, solo anuncios y supuestos acuerdos.
También se anunció la incorporación de 1.300 MW durante el último trimestre de 2026, incluyendo 600 MW correspondientes a la unidad 6 de Planta Centro y más de 500 MW provenientes de siete unidades previstas para Zulia.
Son cifras importantes.
Pero nuevamente aparece el mismo problema, una cosa es anunciar megavatios y otra muy distinta es tenerlos funcionando de manera estable y sostenida.
Venezuela no necesita solamente cifras presentadas en conferencias o ceremonias oficiales. Necesita generación disponible, transmisión operativa, distribución confiable y mantenimiento permanente.
El problema también amenaza al petróleo
La crisis eléctrica ya no es únicamente un problema doméstico.
La propia industria petrolera reconoce que la falta de electricidad constituye uno de los principales obstáculos para ampliar operaciones e inversiones en Venezuela.
Empresarios del sector han advertido sobre un déficit superior a 1.500 MW, mientras el Gobierno intenta simultáneamente atraer capital internacional hacia el petróleo y el gas.
La contradicción es evidente, se pretende aumentar la producción petrolera y atraer nuevas inversiones mientras una infraestructura eléctrica deteriorada amenaza la capacidad de operar y expandir esos proyectos.
Incluso se plantean alternativas para utilizar gas asociado que actualmente se quema con el objetivo de producir electricidad destinada a operaciones petroleras.
Todo esto demuestra la magnitud del problema.
Los venezolanos ya no viven de anuncios
El Gobierno puede anunciar nuevas leyes, acuerdos internacionales, alianzas estratégicas, parques solares, subestaciones, transformadores y miles de megavatios.
Pero después de años de promesas, el ciudadano común necesita algo mucho más sencillo, que haya electricidad.
Venezuela está cansada de ciclos que comienzan con grandes anuncios, continúan con acuerdos y terminan esperando los resultados que nunca llegan en la dimensión prometida.
La discusión sobre la participación privada puede ser relevante. También pueden ser necesarios capital, tecnología extranjera y nuevas inversiones para recuperar el sistema.
Pero la apertura no puede convertirse nuevamente en una palabra utilizada para generar expectativas mientras las soluciones permanecen pendientes.
Porque mientras las autoridades hablan de reformas y acuerdos, los venezolanos continúan enfrentando los costos de una crisis que golpea directamente sus hogares, sus negocios y sus ingresos.
Cada hora sin electricidad tiene un costo.
Se dañan electrodomésticos, se paralizan comercios, se pierden alimentos, se afecta el trabajo, se deterioran servicios esenciales y disminuye todavía más el poder adquisitivo de una población que ya enfrenta una profunda pérdida de calidad de vida.
Por eso, el país necesita menos discursos de esperanza y más resultados verificables.
Venezuela no necesita otra promesa de recuperación. Necesita que la recuperación ocurra.
Y esta vez, los venezolanos tienen derecho a medirla no por la cantidad de acuerdos firmados ni por los megavatios anunciados, sino por algo mucho más concreto, cuántas horas de electricidad reciben, qué tan estable es el servicio y cuánto tiempo tendrán que esperar para dejar atrás definitivamente los apagones.
