Caracas, Venezuela.- El gobierno de Venezuela evalúa acelerar la devolución de activos expropiados durante las últimas décadas como una señal destinada a recuperar la confianza del sector privado y atraer nuevas inversiones al país.
Por: Adrián Salvatierra
La iniciativa cobra fuerza en medio del acercamiento entre Caracas y Washington, que ha generado expectativas sobre una eventual apertura económica y un posible retorno de capital privado a Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en enero.
Sin embargo, antes de convertir las restituciones en una política económica de mayor alcance, el país enfrenta un desafío fundamental: determinar cuántos activos pueden ser devueltos, quiénes son sus legítimos propietarios y en qué condiciones se encuentran después de años bajo control estatal.
Según una publicación de Bloomberg Línea, la Comisión para la Evaluación de Activos Públicos, presidida por Luigi Pisella, ha planteado acelerar la restitución de determinados bienes expropiados para generar confianza entre inversionistas y mostrar “victorias tempranas” que permitan demostrar que la recuperación económica puede ser sostenible.
Un inventario todavía incompleto
La magnitud del proceso sigue siendo incierta. Cedice Libertad, organización que durante años ha documentado las afectaciones al derecho de propiedad en Venezuela, cuenta con 1.757 registros, de los cuales 654 corresponden a expropiaciones o adquisiciones forzosas y más de 1.100 a otras modalidades de afectación.
No obstante, esos 654 casos no representan necesariamente el total de activos que podrían ser restituidos.
La información tendría que ser actualizada caso por caso para conocer qué ocurrió con cada propiedad, quién mantiene actualmente su control, qué inversiones se realizaron y cuáles son los derechos que todavía existen sobre esos bienes.
“Hoy no puede afirmarse responsablemente que existe un inventario completo de todos los activos restituibles en Venezuela”.
Ana María Carrasquero, coordinadora de Cedice, explicó que la organización ha trabajado en propuestas para establecer mecanismos de devolución y reconstruir la cadena de titularidad de los bienes afectados.
Más de una década después, los activos son diferentes
Muchas de las expropiaciones se produjeron hace 10, 15 o incluso 20 años. Durante ese período, empresas dejaron de operar, cambiaron de estructura, acumularon pasivos o recibieron inversiones por parte del Estado y terceros.
También pueden existir nuevos accionistas, herederos, acreedores y otros derechos adquiridos posteriormente.
Por ello, la dificultad de una restitución no dependería necesariamente del tamaño o importancia económica del activo, sino de la posibilidad de determinar con claridad quién tiene derechos sobre él.
Los casos potencialmente más sencillos serían aquellos en los que el bien todavía existe, permanece bajo control estatal, el propietario original o sus sucesores pueden ser identificados y existe documentación suficiente sobre la titularidad.
“Un activo improductivo no es necesariamente un activo fácil de devolver. La variable decisiva es la trazabilidad de los derechos”, señaló Carrasquero.
La experiencia de otros países también muestra que restitución, compensación y privatización son procesos diferentes y que su aplicación depende de las características de cada caso.
Restituir o compensar
Otro de los obstáculos es el deterioro que pueden haber sufrido los activos durante los años de administración estatal.
Una fábrica puede haber perdido maquinaria y capacidad productiva; una empresa puede acumular importantes deudas y una propiedad puede ser muy diferente a la que existía al momento de la expropiación.
Por esta razón, la devolución del activo no necesariamente resolvería todas las pérdidas de sus antiguos propietarios.
Carrasquero considera que la restitución y la compensación pueden funcionar como mecanismos complementarios. Cuando un bien pueda ser devuelto, podría evaluarse su restitución junto con eventuales reparaciones por deterioro, daños o uso. Cuando la devolución material resulte imposible, podría considerarse una compensación.
Para ello serían necesarios mecanismos de evaluación independientes y criterios basados en condiciones de mercado.
El sector petrolero, uno de los casos más complejos
El sector petrolero representa uno de los ejemplos de mayor relevancia económica. Durante el gobierno de Hugo Chávez, Venezuela expropió inversiones de compañías como ExxonMobil y ConocoPhillips en proyectos de crudo pesado de la Faja Petrolífera del Orinoco.
ConocoPhillips obtuvo posteriormente un laudo arbitral por aproximadamente US$8.500 millones, más intereses, relacionado con la expropiación de sus proyectos Petrozuata, Hamaca y Corocoro.
Actualmente, ambas empresas han evaluado oportunidades de regresar al país, aunque bajo condiciones diferentes a las existentes durante la etapa de las expropiaciones.
ExxonMobil ha señalado que Venezuela continúa sin ofrecer condiciones suficientes para nuevas inversiones y ha reclamado cambios significativos en las leyes de hidrocarburos, el sistema legal y las garantías para los inversionistas.
ConocoPhillips, por su parte, ha indicado que cualquier eventual regreso tendría que contemplar mecanismos para resolver la deuda pendiente.
Devolver activos no sería suficiente
Para algunos analistas, la restitución de propiedades puede ser una señal positiva, pero difícilmente bastaría por sí sola para modificar la percepción de riesgo que existe sobre Venezuela.
Jorge Piedrahita, economista de la Universidad de Buenos Aires y portfolio manager de Copérnico Recovery Fund, considera que el país necesitaría un proceso más amplio que incluya reinstitucionalización, un programa económico integral, reestructuración de la deuda y cambios regulatorios.
El deterioro de algunos activos también limita su capacidad para convertirse inmediatamente en oportunidades atractivas para nuevos inversionistas. En determinados casos, el valor económico de una empresa puede haberse reducido de manera considerable después de años de paralización o administración deficiente.
La seguridad jurídica aparece, por tanto, como uno de los elementos centrales para que la devolución de activos tenga un impacto que vaya más allá de los antiguos propietarios.
Una señal para los inversionistas
Para Cedice, las restituciones sí podrían tener un efecto más amplio: demostrar que el riesgo de perder arbitrariamente una inversión está disminuyendo.
Los inversionistas no solo consideran la rentabilidad potencial de un proyecto. También evalúan la posibilidad de conservar sus activos, hacer cumplir contratos y disponer libremente de su capital.
En ese sentido, las “victorias tempranas” planteadas por Pisella podrían funcionar como señales para el mercado si las restituciones se realizan bajo procedimientos transparentes y verificables.
El desafío será demostrar que no se trata de casos aislados, sino de parte de un cambio institucional capaz de garantizar los derechos de propiedad.
Un proceso todavía por definir
El acercamiento entre Venezuela y Estados Unidos ha incrementado las expectativas sobre una eventual normalización de las relaciones económicas y una mayor participación de capital privado en sectores estratégicos.
La devolución de activos expropiados podría convertirse en una de las primeras señales de ese proceso. Sin embargo, todavía no existe públicamente un inventario actualizado que permita establecer con precisión cuántos activos podrían ser restituidos, quiénes son sus propietarios y en qué condiciones se encuentran actualmente.
El alcance de la iniciativa dependerá, en buena medida, de cómo Venezuela resuelva esas preguntas y de si las restituciones vienen acompañadas de garantías jurídicas que permitan recuperar la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros.
