El nombre de Héctor Rodríguez vuelve a encender la indignación dentro del ya golpeado sistema educativo venezolano. Esta vez, el ministro del Poder Popular para la Educación lanzó una advertencia que ha sido interpretada por muchos docentes como una amenaza directa: revisar la nómina para determinar “quién de verdad está en la escuela y quién no”, lo que podría derivar en la suspensión de pagos a trabajadores que no estén presentes en los planteles.
Para miles de educadores, administrativos y obreros del sistema público, el mensaje suena a algo más que una auditoría. En medio de salarios miserables y condiciones laborales precarias, el temor crece entre quienes se encuentran de reposo médico o padecen alguna discapacidad, ya que la medida podría terminar castigando precisamente a los más vulnerables del sector educativo.
Organizaciones y gremios han denunciado que estas prácticas no son nuevas. Desde hace años se reportan suspensiones arbitrarias de sueldos y exclusiones masivas de docentes de la nómina del Ministerio de Educación, dejando a miles de trabajadores sin ingresos de un día para otro.
En Venezuela, muchos maestros sobreviven con ingresos que apenas alcanzan para unos pocos días de comida, obligándolos a buscar trabajos alternos como mototaxistas o vendedores informales para poder subsistir.
En ese contexto, la posibilidad de que se suspendan pagos a quienes estén enfermos o incapacitados ha sido calificada por críticos como una forma de “terrorismo laboral” ejecutado desde el propio Estado.
Mientras el discurso oficial insiste en “ordenar la nómina” y garantizar la eficiencia del sistema educativo, en las escuelas del país el miedo se instala entre quienes sienten que, además de enseñar en condiciones precarias, ahora podrían ser castigados por enfermarse.
Para muchos docentes, la revolución que prometía dignificar la educación parece haber terminado convirtiendo a los maestros en las primeras víctimas de la crisis. Y en los pasillos de las escuelas se repite la misma pregunta: ¿quién protege a los educadores cuando el propio Estado los amenaza con dejar de pagarles?
