En Barquisimeto, una grave denuncia vuelve a poner en evidencia la crisis institucional que atraviesa el país. Según reportes, funcionarios policiales detuvieron a la familia de Pizzalaplaneta, revisaron sus teléfonos sin justificación y les despojaron de dólares obtenidos de manera honrada.
Este tipo de hechos no solo vulnera derechos fundamentales, sino que profundiza la desconfianza ciudadana hacia quienes deberían garantizar la seguridad. Cuando quienes tienen el deber de proteger actúan como delincuentes, se refuerza la percepción de un sistema marcado por la corrupción y la impunidad.
Lo ocurrido exige atención, investigación y respuestas claras. Sin justicia ni rendición de cuentas, estos abusos se repiten y la ciudadanía queda cada vez más desprotegida.
