Un informe reciente del Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) reveló que en Venezuela se registraron 122 ataques e incidentes de seguridad contra organizaciones y defensores de derechos humanos durante el primer trimestre de 2026. Aunque la cifra representa una disminución del 48 % en comparación con el mismo período de 2025, cuando se documentaron 236 casos, la organización advierte que esto no implica una mejora en la situación.
Según el CDJ, estos hechos evidencian la continuidad de una política sistemática de criminalización, represión y control social dirigida a limitar el derecho a defender y exigir derechos humanos. La ONG sostiene que los ataques no son eventos aislados, sino parte de un patrón sostenido de persecución que busca debilitar el espacio cívico y democrático en el país.
En cuanto a la tipología de los incidentes, la mayoría correspondió a casos de estigmatización (82), seguidos de hostigamiento e intimidación (35), amenazas (4) y un ataque digital. Además, el informe señala que los principales responsables fueron funcionarios públicos (44 %), medios de comunicación afines al Gobierno (25 %), actores progubernamentales (23 %) e instituciones estatales (8 %).
El CDJ subraya que la reducción en el número de casos no responde al cese de prácticas represivas, sino al endurecimiento de las restricciones al espacio cívico y a la persistente estigmatización de activistas, quienes son señalados como “enemigos del Estado”.
Asimismo, la organización advirtió que, pese a cambios políticos recientes, defender los derechos humanos en Venezuela sigue implicando riesgos, debido a la continuidad del aparato represivo estatal. En este contexto, el CDJ insiste en que una eventual transición democrática requiere garantizar la apertura del espacio cívico, el respeto al Estado de derecho y el ejercicio de las libertades fundamentales sin temor a represalias.
