El Ministerio Público sostuvo este miércoles un encuentro con familiares de presos políticos recluidos en la cárcel de El Rodeo I, luego de una protesta realizada frente a la sede principal del organismo en Caracas para denunciar presuntas torturas y tratos inhumanos contra los detenidos.
Según información oficial, la reunión fue canalizada a través de la Dirección de Protección de Derechos Humanos, instancia que recibió formalmente las denuncias y solicitudes presentadas por los allegados de los privados de libertad.
Durante el encuentro, los familiares expresaron su preocupación por las condiciones de reclusión y la integridad física de los detenidos. En el documento consignado ante la Fiscalía, exigieron “una investigación inmediata sobre estos tratos crueles” y solicitaron la presencia de observadores internacionales que permitan verificar la situación dentro del penal.
El Ministerio Público, por su parte, aseguró que escuchó las inquietudes planteadas y reiteró su compromiso con el respeto al debido proceso y los derechos fundamentales de los detenidos. No obstante, no anunció medidas concretas inmediatas, aunque dejó abierta la posibilidad de dar seguimiento a los casos.
Horas antes, decenas de familiares y activistas se concentraron a las afueras del organismo para visibilizar la situación en el centro penitenciario. Durante la protesta, denunciaron prácticas como torturas, aislamiento prolongado y restricciones severas dentro de la cárcel.
Las denuncias sobre El Rodeo I no son nuevas. Organizaciones de derechos humanos han alertado reiteradamente sobre condiciones “crueles, inhumanas y degradantes”, así como castigos, aislamiento y limitaciones en las visitas a los detenidos . Incluso, en semanas recientes, el propio Ministerio Público realizó inspecciones en el penal tras acusaciones similares, aunque aseguró no haber encontrado irregularidades .
El caso vuelve a poner el foco sobre la situación del sistema penitenciario venezolano y las denuncias persistentes de familiares y ONG, quienes insisten en la necesidad de investigaciones independientes y garantías efectivas para los derechos humanos de los reclusos.
