El juez Carlos Liendo ordenó el pase a juicio de 24 sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) vinculados con el alzamiento de Cotiza ocurrido en 2019, una decisión que ha generado fuertes cuestionamientos desde el ámbito de los derechos humanos.
De acuerdo con la abogada y defensora Tamara Suju, el magistrado modificó la calificación de los delitos inicialmente imputados para unificarlos bajo el cargo de Traición a la Patria. Este cambio incrementa significativamente la gravedad de las posibles condenas, que podrían alcanzar hasta 30 años de prisión. La medida también afecta a funcionarios que originalmente no enfrentaban este delito, entre ellos el sargento Castro Álvarez.
La audiencia estuvo marcada por denuncias de irregularidades. Según Suju, el juez habría incurrido en conductas de amedrentamiento y burlas hacia los militares procesados. Asimismo, afirmó que el magistrado sostuvo que el Código Orgánico Procesal Penal no aplica en casos de presos políticos, al considerarlos de naturaleza política, lo que refuerza las críticas sobre la falta de garantías judiciales en este proceso.
El caso del alzamiento de Cotiza continúa siendo un punto de controversia dentro del contexto político y judicial venezolano, especialmente por las denuncias sobre violaciones al debido proceso.
