El 5 de septiembre de 2026, Venezuela firmó con Vantara un memorando para “recuperar” zoológicos, capacitar veterinarios y levantar en La Guaira un centro de conservación y un hospital de fauna. Rubricaron Nelson Rodríguez, ministro de Ecosocialismo, y Sachin Baburao Patil, de Greens Zoological Rescue & Rehabilitation Center. Presidió Delcy Rodríguez. El plan, dijeron, empezará por El Pinar y Caricuao.
El acto duró minutos. El antecedente, años.
Lo que ya salió
Antes de este convenio, Venezuela no era un socio menor de Vantara. Era uno de sus proveedores.
Una investigación de Armando.info y Süddeutsche Zeitung documentó que, entre mayo y diciembre de 2024, la aduana de India contabilizó 5.359 animales silvestres enviados a Greens y a Radhe Krishna Temple Elephant Welfare Trust, las entidades de Vantara. El país quedó como segundo proveedor de ese complejo, solo detrás de Emiratos Árabes Unidos. El 18 de mayo de 2024 salió de Maiquetía un solo cargamento de 1.825 animales vivos.
En paralelo, el periodista Fritz Sánchez revisó los registros de CITES y publicó, el 21 de enero de 2026, que Venezuela exportó a India casi 2.400 ejemplares bajo la categoría “criado en cautiverio”: 920 aves, 831 mamíferos y 641 reptiles. Entre ellos, 6 águilas harpía, 216 nutrias gigantes, 200 guacamayas bandera, 131 monos araña, 126 garzones soldados, 90 osos hormigueros gigantes y 44 dantas. Su hilo está aquí.
Las cifras de aduana y de CITES no coinciden del todo. Tampoco hace falta que coincidan para que el problema quede en pie: miles de animales salieron, muchos de ellos amenazados, y el Estado los presentó como cría legal.
De los envíos documentados por la investigación periodística, 3.300 se atribuyeron a San Antonio Abad C.A. y 2.059 a Ecogreen & Vida C.A., firmas que comparten RIF y sede en Filas de Cúa. En el mismo circuito aparecen Kantal S.A., Pajarolandia 2000 C.A., Mundo Safari, Inversiones Alazán GAC y Orinoco Reptiles.
La etiqueta no es el origen
Sánchez lo dijo sin rodeos: en el país no hay centros con capacidad técnica ni infraestructura para producir, en un año, ese volumen ni esa diversidad de especies. Su apreciación —y debe quedar como tal— es que ejemplares extraídos de vida silvestre fueron enjaulados y luego catalogados por la Dirección de Diversidad Biológica del MINEC como “criados en cautiverio”, para obtener permisos CITES y exportarlos con apariencia de legalidad.
Eso no está sentenciado en un tribunal. Está planteado con nombres, números y una base pública: trade.cites.org. Y no se despeja con un comunicado.
Porque un sello que dice “cautiverio” no responde, dónde nació el animal; quiénes fueron sus progenitores; cuándo se registró; si el criadero tenía capacidad real para ese lote; de dónde salió originalmente; quién certificó el origen; quién autorizó la exportación; quién lo recibió en India y dónde está hoy.
Si esos papeles no salen a la luz, no hay conservación. Hay trámite.
El mismo ministerio autoriza y se alía Juan Carlos Santander Torres, entonces director de Diversidad Biológica y punto de contacto ante CITES, sostuvo que las transferencias se hicieron con permisos válidos y que los animales provenían de reubicaciones, depósitos, intercambios, incautaciones y entregas voluntarias.
Perfecto. Entonces deben exhibirse las actas. Todas.
El MINEC no puede ser, a la vez, el que firma alianzas con zoocriaderos privados y el que certifica que esos mismos operadores exportan de manera limpia. Quien autoriza no puede ser el único testigo de su propia autorización.
Cualquier pesquisa tendría que sentar en el mismo expediente a San Antonio Abad, Ecogreen & Vida, Kantal, Pajarolandia 2000, Mundo Safari, Alazán, Orinoco Reptiles, Greens, Radhe, Vantara y Reliance, y a quienes hayan dirigido, representado o firmado cada eslabón. En ese mapa ya figuran, de manera pública, Luis Miguel Faría Vieira, Adrián Carrero y Antonio José Ramírez Varela. También los convenios de la gestión de Josué Lorca.
Caricuao no es telón
El nuevo acuerdo empieza por El Pinar y Caricuao. Por eso Caricuao entra al caso.
Hay denuncias de animales de intercambio usados como tránsito y luego desviados a operadores privados o colecciones particulares, La Casita del Avestruz, Las Delicias, Ebenezer, en Yaracuy, y de cuarentenas deficientes y mortalidad sin rastro. Si un animal muere, se sustituye o se traslada, debe existir un registro. Lo que no puede existir es un inventario que se renueva solo.
La cadena no termina en Maiquetía
Vantara, de Anant Ambani, se presenta como el gran centro de rescate de India. También ha sido objeto de pesquisas periodísticas y de un panel ordenado por la Corte Suprema india sobre adquisiciones irregulares. Su versión es legalidad y bienestar. La pregunta venezolana no cambia: origen, permiso, vuelo, receptor, destino final.
El convenio no limpia el historial. Lo agrava.
Si todo fue transparente, una auditoría independiente debería poder demostrarlo con inventarios, nacimientos, necropsias, facturas y manifiestos.
Si una parte de esa fauna salió del bosque, del río o del hato y solo después recibió papeles de criadero, esa ruta también tiene nombre, RIF y sello.
Los animales ya no están aquí.Los registros de India sí.Los de CITES también.El hilo de Sánchez está a un clic.
Falta la única pregunta que importa:
¿Quién armó la cadena, de dónde salieron realmente los animales y quién apostó su firma a que todo era legal?
