The Washington Post revela cómo antiguos asesores de la Casa Blanca y funcionarios vinculados a la política energética estadounidense pasaron al sector privado para trabajar con empresas e inversionistas interesados en la industria petrolera de Venezuela. Sus contactos y conocimientos sobre Washington se han convertido en activos estratégicos en un negocio condicionado por las decisiones de Estados Unidos.
La apertura del negocio petrolero venezolano está dando paso a un fenómeno que genera interrogantes sobre los límites entre el servicio público y los intereses privados: antiguos funcionarios de la administración de Donald Trump están dejando sus puestos en Washington para incorporarse a empresas, firmas de cabildeo e iniciativas de inversión que buscan contratos en Venezuela.
Exfuncionarios de Trump renunciaron a cargos en Washington para hacer negocios con el petróleo venezolano
- Michael Jensen
- Brittany Kelm
- Micah Ketchel
- Carlos Trujillo
- Mike Pompeo
- Dan Brouillette
- Kimberly Breie
- Juan González
Un reportaje publicado por The Washington Post el 8 de octubre de 2026 documenta cómo varios de estos exfuncionarios, que hasta hace poco participaban en el diseño y la ejecución de la política estadounidense hacia Venezuela, ahora trabajan para compañías interesadas en aprovechar las oportunidades comerciales que ofrece el sector energético venezolano.
El movimiento plantea una cuestión central: ¿hasta qué punto los conocimientos, las relaciones políticas y el acceso a los centros de decisión de Washington pueden convertirse en ventajas económicas para las empresas que buscan ingresar al mercado petrolero venezolano?
De la Casa Blanca al negocio petrolero venezolano
Uno de los casos más destacados es el de Michael Jensen, quien hasta finales de mayo se desempeñó como director sénior para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Según el diario estadounidense, apenas tres días después de abandonar su cargo, Jensen viajó a Venezuela en un avión privado junto a Fred Ehrsam, cofundador de Coinbase e inversionista interesado en oportunidades petroleras en el país.
El 1 de junio, Jensen comenzó a trabajar como ejecutivo de operaciones de Primavera, una empresa energética vinculada a Ehrsam. Posteriormente, la compañía firmó acuerdos de producción con Petróleos de Venezuela (Pdvsa), de acuerdo con la información publicada por el medio.
La trayectoria de Jensen ilustra cómo la experiencia adquirida dentro de la estructura de seguridad nacional estadounidense puede trasladarse rápidamente al ámbito empresarial, precisamente cuando las decisiones de Washington tienen una influencia determinante sobre las posibilidades de inversión en Venezuela.
Primavera sostiene que las responsabilidades de Jensen se concentran en desarrollar la infraestructura operativa de la compañía, incluidos los aspectos de seguridad, finanzas y recursos humanos, y niega que su trabajo consista en gestionar asuntos ante el Gobierno venezolano.
Su abogado también defendió su conducta y lo describió como un veterano militar condecorado que toma en serio sus obligaciones éticas.
No obstante, la proximidad temporal entre su salida de la Casa Blanca, su viaje a Venezuela y su incorporación a una empresa que posteriormente obtuvo acuerdos petroleros ha situado su caso dentro del debate sobre la llamada puerta giratoria entre el Gobierno y el sector privado.
Los contactos políticos como ventaja competitiva
Jensen no es el único exfuncionario que ha encontrado oportunidades en el nuevo escenario venezolano.
El reportaje de The Washington Post, elaborado a partir de entrevistas con más de una docena de personas, entre funcionarios actuales y anteriores, empresarios e inversionistas, identifica a otros integrantes de administraciones estadounidenses que ahora participan en actividades comerciales o de asesoría relacionadas con Venezuela.
Entre ellos figura Brittany Kelm, antigua asesora principal de políticas del Consejo Nacional de Dominio Energético de la Casa Blanca, quien participó durante su etapa gubernamental en iniciativas relacionadas con la reapertura del sector energético venezolano y viajó tres veces a Caracas. Actualmente trabaja en Sable Offshore, una compañía que negocia contratos con el Gobierno venezolano para desarrollar yacimientos.
También aparece Micah Ketchel, exasesor sénior del Departamento de Estado, quien se incorporó a Ballard Partners, una firma de cabildeo con presencia en los círculos políticos estadounidenses y equipos dedicados al Hemisferio Occidental y a Venezuela.
Otro nombre es el de Carlos Trujillo, exembajador estadounidense ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y antiguo asesor de campaña de Trump. Trujillo fundó Continental Strategy, una firma que, según el periódico, representa a por lo menos una docena de clientes relacionados con Venezuela.
La lista incluye además a figuras de anteriores etapas del Gobierno estadounidense, como el exsecretario de Estado Mike Pompeo, el exsecretario de Energía Dan Brouillette y la exsubsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental Kimberly Breier, vinculados de distintas maneras a iniciativas empresariales relacionadas con el país.
El fenómeno tampoco se limita al Partido Republicano. Juan González, quien ocupó una posición equivalente a la de Jensen durante la administración de Joe Biden y participó en el diseño de la política de negociación con Nicolás Maduro, también ha viajado a Venezuela para recopilar información en el marco de su trabajo de consultoría regional.
Sin embargo, el foco del reportaje está puesto especialmente en los antiguos integrantes de la administración Trump, quienes conocen de primera mano los mecanismos de decisión del Gobierno que actualmente determina buena parte de las condiciones para operar en el sector petrolero venezolano.
Una puerta giratoria que plantea interrogantes éticos
En Estados Unidos, el término puerta giratoria describe el tránsito de funcionarios públicos hacia empresas privadas de sectores sobre los cuales ejercieron responsabilidades gubernamentales.
Este tipo de movimientos no constituye automáticamente una infracción legal. La legislación federal establece restricciones para evitar que antiguos funcionarios utilicen indebidamente información confidencial o representen intereses privados ante el Gobierno en asuntos específicos en los que participaron durante su servicio público.
Sin embargo, la existencia de esas normas no elimina todas las preocupaciones sobre los posibles conflictos de intereses.
Richard Painter, quien fue abogado principal de ética de la Casa Blanca durante el Gobierno de George W. Bush, explicó al periódico que el caso de Jensen no implicaría necesariamente una violación de las reglas, siempre que respete las restricciones aplicables sobre información clasificada y actividades de cabildeo.
Su preocupación apunta a un problema más amplio: que antiguos funcionarios aprovechen comercialmente las relaciones y el conocimiento adquiridos durante su paso por el Gobierno.
En un mercado como el venezolano, donde las licencias estadounidenses, las decisiones diplomáticas y las autorizaciones financieras pueden determinar qué empresas consiguen operar, conocer los procedimientos y a las personas que toman las decisiones puede representar una ventaja considerable.
Ese conocimiento no necesariamente demuestra que haya existido una actuación irregular. Pero sí plantea interrogantes sobre la transparencia de las negociaciones y la igualdad de condiciones entre los inversionistas.
Venezuela, el petróleo y la influencia de Washington
El contexto venezolano añade una dimensión particular a este fenómeno.
Tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, según el escenario descrito en el reportaje, Estados Unidos adquirió una influencia determinante sobre la reorganización del sector petrolero venezolano, las condiciones de acceso al mercado y las posibilidades de inversión extranjera.
En ese contexto, las empresas interesadas en desarrollar yacimientos, obtener acuerdos de producción o establecer operaciones necesitan comprender no solo las condiciones técnicas y financieras de la industria, sino también el marco político y regulatorio que condiciona sus actividades.
Por eso, la incorporación de antiguos funcionarios estadounidenses puede resultar atractiva para las compañías que buscan posicionarse en Venezuela. Su experiencia les permite comprender cómo funciona el aparato gubernamental, identificar los procedimientos pertinentes y desenvolverse en un entorno marcado por decisiones políticas de alto nivel.
Mauricio Claver-Carone, quien ocupó el cargo de Jensen durante el primer Gobierno de Trump y posteriormente actuó como enlace informal de la Casa Blanca en Caracas, resumió la intensidad de esta actividad con una frase citada por el periódico: «Todo el mundo está en Venezuela».
La afirmación refleja el interés que despiertan las oportunidades petroleras venezolanas entre empresarios, inversionistas y antiguos integrantes de los círculos de poder estadounidenses.
¿Quién defiende los intereses de Venezuela?
Más allá de las posibles implicaciones éticas para Washington, la situación abre una discusión sobre la capacidad de Venezuela para defender sus propios intereses en las negociaciones petroleras.
Si las empresas que buscan contratos cuentan con asesores que hasta hace pocos meses participaban en la formulación de la política estadounidense hacia el país, surge una pregunta legítima sobre la transparencia de los acuerdos y las condiciones en las que se distribuyen las oportunidades de inversión.
La cuestión no es únicamente quién consigue acceso al petróleo venezolano, sino también qué beneficios obtiene el país de esos acuerdos, qué ingresos recibe el Estado, cuáles son las obligaciones de las compañías y qué mecanismos existen para garantizar la rendición de cuentas.
Venezuela arrastra décadas de controversias relacionadas con la administración de sus recursos energéticos, la opacidad contractual y la influencia de intermediarios con conexiones políticas. La llegada de nuevos actores vinculados a Washington introduce una dimensión adicional a ese debate.
Para los inversionistas, contar con experiencia gubernamental puede ser una ventaja legítima. Para la ciudadanía venezolana, en cambio, el aspecto fundamental es conocer si las condiciones de explotación de sus recursos se negocian de manera transparente y producen beneficios verificables para el país.
El negocio de conocer a quienes toman las decisiones
El reportaje de The Washington Post describe una dinámica en la que la experiencia acumulada en las instituciones estadounidenses se transforma en un recurso comercial para las empresas interesadas en el petróleo venezolano.
Los antiguos funcionarios no necesariamente infringen la ley por cambiar de empleo, y su incorporación al sector privado no demuestra por sí misma que hayan utilizado indebidamente sus cargos anteriores. Sin embargo, la rapidez de algunas transiciones y la coincidencia entre sus antiguas responsabilidades y sus nuevas actividades hacen pertinente examinar los mecanismos de supervisión y prevención de conflictos de intereses.
En definitiva, mientras las compañías buscan asegurar posiciones en una industria con enorme potencial económico, los vínculos políticos y el conocimiento de Washington adquieren un valor estratégico.
La pregunta que queda abierta es si esta nueva etapa de inversiones se traducirá en reglas transparentes y beneficios para Venezuela o si, una vez más, los principales ganadores serán quienes cuentan con acceso privilegiado a los centros de poder que deciden el destino de su petróleo.
