El sector de los estacionamientos en Venezuela se encuentra actualmente en una encrucijada financiera que amenaza su operatividad a largo plazo. Según denunció Tiziana Polesel, primera vicepresidenta de Fedecámaras, el gremio enfrenta una presión asfixiante debido al incremento desmedido en las tasas de servicios públicos, específicamente el aseo urbano. El problema radica en que estos cobros municipales se calculan basándose en el metraje cuadrado de los establecimientos, una métrica que penaliza severamente a negocios cuyo activo principal es, precisamente, el espacio físico.
Para los propietarios de estacionamientos, la estructura de costos se ha vuelto un rompecabezas imposible de resolver. Al ser negocios que requieren grandes extensiones de terreno para funcionar, el cálculo del aseo urbano por metro cuadrado resulta en facturas astronómicas que no guardan relación con la generación real de desechos. Esta distorsión fiscal, impuesta por diversas alcaldías del país, actúa como un ancla que arrastra la rentabilidad del sector hacia números rojos, obligando a los empresarios a sacrificar mantenimiento e inversión.
Polesel enfatizó que esta situación se agrava con la persistencia de los controles de precios. Aunque para el usuario común la idea de pagar una tarifa baja por estacionar su vehículo puede resultar sumamente tentadora, la realidad económica es mucho más compleja. La dirigente gremial fue tajante al señalar que «hay todo un efecto que producen los controles de precio que son totalmente contraproducentes», ya que impiden que el negocio ajuste sus ingresos al ritmo de la inflación y de los costos operativos reales.
El fenómeno descrito por Fedecámaras es un ejemplo de manual sobre las fallas de la intervención estatal. Cuando se congela el precio de un servicio pero se liberan (o aumentan vorazmente) los costos de los insumos y servicios necesarios para prestarlo, se genera un estrangulamiento. En el caso de los estacionamientos, esto se traduce en una degradación progresiva de las instalaciones: fallas en la iluminación, falta de vigilancia técnica, deterioro del asfalto y, en última instancia, el cierre definitivo de locales que ya no pueden costear su existencia.
Además, el impacto de las tasas municipales no solo afecta al dueño del negocio, sino que crea un efecto dominó en la economía local. Al no poder indexar sus tarifas de manera justa, los estacionamientos pierden la capacidad de ser sujetos de crédito o de mejorar las condiciones laborales de sus empleados. La paradoja es clara: un servicio «barato» hoy puede significar la inexistencia del servicio mañana, dejando a los conductores sin espacios seguros para resguardar sus vehículos en las zonas comerciales.
Finalmente, el llamado de Fedecámaras busca abrir un canal de diálogo con las autoridades municipales para revisar las ordenanzas fiscales. La propuesta es migrar hacia sistemas de recaudación más equitativos que no castiguen el uso del espacio, sino que consideren la capacidad contributiva real de cada sector. Sin una corrección en las políticas de precios y una racionalización de la carga tributaria, el sector de los estacionamientos corre el riesgo de convertirse en otro eslabón roto en la cadena de servicios de la empresa privada venezolana.
