Carpas bajo un calor asfixiante, baños improvisados y casas en riesgo que volvieron a ocuparse por falta de alternativas. A cuatro meses del doble sismo, las familias del campamento de Playa Grande, en La Guaira, siguen esperando una respuesta sobre sus viviendas. Su vocera denuncia censos repetidos, evaluaciones técnicas pendientes y una atención que no llega. Cuando cae la noche, la firmeza con la que exigen respuestas durante el día se transforma en miedo.
En el campamento Sonrisa Grande, desde la calle 2 de Playa Grande hasta la bajada de Santa Rita, en La Guaira, el calor sofoca bajo los toldos. Colchones ocupan los espacios que «habitan» las familias; sábanas hacen de paredes y separan un dormitorio del siguiente. Cambiarse de ropa o acostarse sin quedar a la vista de los vecinos depende de esas telas. Los baños son improvisados.
Han pasado cuatro meses desde el devastador doble sismo y todo lo que era provisional se ha vuelto permanente en el refugio donde aún permanecen 64 familias, dice Norkis Arzola, vocera de la comunidad e integrante de la contraloría social.
Desde hace 120 días, todos se preguntan dónde podrán vivir. Algunas personas conservan sus casas, pero no tienen una evaluación definitiva que determine si es seguro regresar a ellas. Otras ven sus propiedades amenazadas por construcciones vecinas que todavía no han sido demolidas.
Arzola mira más allá de las carpas. «Hay que subir hasta las viviendas, mirar los daños y conocer a quienes han vuelto a ocuparlas», dice mientras observa a su alrededor.
Sonrisa Grande reúne a 350 familias. Sus casas se levantan sobre una colina, juntas y a distintas alturas, como en tantos barrios caraqueños. Son construcciones modestas, ampliadas con años de trabajo. Entre las que siguen en pie hay estructuras vencidas sobre otras propiedades. Desde abajo se ven las etiquetas rojas y amarillas, indicando quién puede -o no- vivir en ellas.
Negocio entre carpas
En el campamento hay una pequeña venta de chucherías. Otros vecinos preparan desayunos y almuerzos en hornillas colocadas al ras del suelo. Necesitan ingresos mientras esperan una respuesta sobre sus viviendas.
Entre ellos está Mary, quien ofrece servicios de peluquería, manicura y pedicura. Tiene discapacidad auditiva y del habla, y es popular entre los habitantes de la comunidad, que hacen cita para atenderse con ella. Después del desastre, consiguió reponer parte de sus insumos de trabajo y comenzó a ofrecer sus servicios en el refugio. Todavía necesita una mesa adecuada y otros implementos. Lo conseguido no alcanza para restituir lo perdido, pero permite cobrar.
Al hablar de Mary y de los pequeños negocios que prosperan en el refugio, la expresión de Arzola mejora. Por un momento deja de enumerar pérdidas y señala lo que los vecinos han logrado sostener. Recuperar. Rechaza que ese esfuerzo se confunda con una solución a la emergencia.
Asegura que los emprendimientos se sostienen con recursos de sus propietarios y colaboración comunitaria. También atribuye a los vecinos las gestiones para conseguir agua y los toldos que los protegen.
«Pueblo con pueblo», dice.
Trabajar permite comprar comida o recuperar una herramienta. No resuelve dónde dormir cuando llueve ni cuánto tiempo más deberán permanecer allí.
Rojo peligro, pero ocupado
Al salir del campamento, el recorrido se estrecha entre viviendas afectadas. Hay escombros junto a casas ocupadas y perros que buscan comida entre la basura. Los olores se hacen más intensos, rancios. La líder del refugio señala una construcción, pide mirar detrás de otra y busca un ángulo desde el cual se entienda lo que intenta denunciar.
La fachada no siempre muestra el problema. A veces el daño está al lado: una pared resquebrajada, parte de un piso desplomado sobre otra propiedad, una estructura que amenaza con caer.
Frente a una de las casas, explica que el riesgo alcanza a cuatro familias. Más adelante menciona a una mujer en silla de ruedas y a adultos mayores para quienes permanecer en las carpas resulta especialmente difícil por temas de salud.
Una vivienda afectada puede ser una solución insegura. Depende también de lo que siga en pie alrededor. Por eso, la comunidad reclama ingenieros y especialistas en patología de estructuras. Necesita que determinen cuáles casas pueden ser rescatadas, cuáles deben ser demolidas y qué trabajos permitirán recuperar las que están comprometidas por daños vecinos. «Eso es lo que seguimos esperando», dice Arzola.
Denuncia, además, indicaciones contradictorias sobre algunas viviendas y etiquetas sin los códigos QR que los afectados esperan para avanzar en sus trámites.
Entretanto, hay familias que regresan. Lo hacen por cansancio en el campamento, por enfermedades o porque no encuentran otra alternativa que consideren aceptable. Las etiquetas rojas permanecen en la pared. Los habitantes, a pesar de la advertencia, vuelven a dormir dentro.
Entre denuncias, Norkis Arzola llega hasta el lugar donde había una casa de tres pisos. Allí murió su hermana. También perdió a un sobrino. Llora al recordarlos. Se interrumpe, respira y trata de continuar. Hace silencio, honrándolos. Hasta ese punto ha explicado daños, señalado viviendas y exigido respuestas. Ahora habla de su familia frente al sitio donde la perdió.
Después retoma el recorrido. Quiere mostrar su casa, contar su historia y lo que todavía amenaza a las propiedades cercanas.
«Esto no me lo dio el Estado», dice. No defiende las paredes por encima de su vida, pero describe detalladamente qué estaba en disputa cuando se les pidió abandonar el lugar.
Su madre compró y construyó allí, cuenta. Otras familias suman más de treinta años para tener una vivienda digna. La posibilidad de marcharse supone dejar una propiedad, pero también alejarse de vecinos conocidos, de familiares y de un lugar al que han dedicado buena parte de su existencia.
Eso no significa que todos quieran quedarse. Reconoce que algunos aceptan ir a diferentes refugios. Otros se niegan a vivir arrimados o a trasladarse sin una solución que les ofrezca mejores condiciones.
Tampoco todos tienen recursos para reparar. Hay quienes empiezan a intervenir sus casas por cuenta propia y quienes dependen de una ayuda que no llega.
La vocera insiste en que hace falta distinguir cada caso. Sin una evaluación, las familias no saben si esperan una reparación, una demolición o una vivienda en otro lugar.
Censados, no atendidos
Cuando habla de las autoridades, Norkis Arzola eleva la voz. Molesta. «Censo, censo y censo», repite.
La reiteración resume su reclamo contra el Gobierno regional y nacional. Asegura que los afectados han entregado información y asistido a reuniones sin obtener una respuesta que cambie las condiciones del campamento. También denuncia que la sala situacional a la que deben acudir permanece cerrada y no canaliza sus solicitudes.
Explica que a la comunidad le han comunicado que primero atenderán los urbanismos construidos por el Gobierno y después las viviendas populares. Arzola atribuye a esa diferencia la demora que padecen. Menciona sectores donde, asegura, sí se ejecutan trabajos, mientras Sonrisa Grande continúa esperando. Para ella, la atención es desigual.
Su petición resume evaluaciones técnicas, maquinaria para retirar escombros y demoler donde corresponda. Y, sobre todo, una explicación sobre los registros realizados.
Sin intimidarse, llama a la espera una guerra psicológica. Describe el desgaste de acudir a reuniones y regresar al mismo refugio. Dice que algunos vecinos temen denunciar porque creen que pueden perder una ayuda.
Ella decide hablar como afectada y como representante comunitaria. Se enoja cuando siente que sus palabras pueden interpretarse como una petición de favores. “No estamos pidiendo nada regalado”. Reclama lo que considera sus derechos como venezolana.
Sostiene, asimismo, que las familias tienen derechos y que exigir una solución no debería obligarlas a guardar silencio sobre las condiciones en las que viven.
Hasta las seis
De vuelta a las carpas, habla del clima en el litoral, «tan inclemente como el Gobierno», dice. El calor dificulta permanecer bajo los toldos, sí. Pero el agua tampoco trae calma. Destruye, no refresca. La lluvia entra en los espacios donde duermen y vuelve más precario lo poco que han conseguido acomodar.
Arzola rechaza categóricamente que se hable de recuperación. Para ella, esa palabra tendría que corresponder a trabajos visibles: escombros retirados, estructuras evaluadas, viviendas reparadas y familias fuera del campamento.
Durante cerca de una hora no pidió mirar, sino observar. Mostró las carpas, las etiquetas y las casas caídas sobre otras. No quiso que los negocios abiertos en el refugio ocultaran lo que seguía sin resolverse.
Admite que tiene miedo: «Soy valiente hasta que llegan las seis de la tarde».
La oscuridad y la posibilidad de otra lluvia alteran la firmeza con la que exige respuestas durante el día.
Las familias de Sonrisa Grande siguen esperando dónde vivir, cuatro meses después del doble sismo. Para algunas, la respuesta puede estar en una casa que necesita reparación; para otras, en una reubicación digna. Lo que reclaman ahora es que alguien determine cuál de esas opciones les corresponde, antes de que la necesidad vuelva a llevarlas detrás de una etiqueta roja.
EL NACIONAL
