Las redes sociales estallaron en las últimas horas tras la difusión de múltiples denuncias anónimas que señalan presuntos casos de amedrentamiento contra ciudadanos que aseguran haber sido estafados en negociaciones vinculadas al sector motociclista.
De historia breve pero minada de detalles, Bera nace en 1997 como una simple compra-venta de motos de segunda mano ubicada en la solariega ciudad de La Victoria, según consta en el Registro Mercantil Primero del estado Aragua. ¿Su propietario? Elías Beirouti Khouri, un joven parroquiano para ese año 1997, de ascendencia árabe.
De esa época datan los primeros rumores sobre los supuestos “verdaderos dueños” de Bera. Una lista que, como era de esperar, encabezaba Diosdado Cabello, seguido por los gobernadores de Aragua, Rafael Isea y el caido en desgracia, Tarek El Alssaimi, así como militares de alto rango, eso era lo que se especulaba, pero todo apunta que Elías Beirouti Khouri, es el dueño oroginal.
Los señalamientos, que se han viralizado en plataformas digitales y grupos comunitarios, apuntan supuestamente a personas relacionadas con la marca Bera y a funcionarios policiales que, según los denunciantes, estarían siendo utilizados para intimidar a quienes reclaman dinero, motocicletas o respuestas.
Aunque hasta el momento no existen investigaciones públicas confirmadas sobre estos hechos, el escándalo ha reavivado viejas polémicas alrededor del crecimiento meteórico de Bera, una empresa que pasó en apenas una década de vender motos usadas en La Victoria a convertirse en uno de los gigantes del mercado venezolano.
La compañía logró expandirse de manera vertiginosa en medio del boom de motocicletas en Venezuela, levantando dos plantas ensambladoras y alcanzando una producción que superó las 230.000 unidades anuales. Su ascenso estuvo acompañado durante años por rumores, especulaciones y cuestionamientos sobre sus conexiones con sectores del poder político y militar.
Desde hace tiempo, voces críticas han señalado las supuestas ventajas exclusivas que habría recibido la empresa para importaciones, acceso a divisas y permisos especiales. Aunque nunca se han presentado pruebas concluyentes que involucren directamente a altos funcionarios, el tema ha permanecido vivo en conversaciones populares y publicaciones digitales.
Ahora, las nuevas denuncias anónimas agregan otro ingrediente explosivo, la presunta utilización de organismos de seguridad para ejercer presión sobre ciudadanos inconformes. Usuarios en redes aseguran haber recibido llamadas intimidatorias, visitas inesperadas y advertencias tras intentar denunciar irregularidades o exigir respuestas.
“Hay personas que tienen miedo de hablar”, escribió un usuario en una publicación que rápidamente acumuló cientos de comentarios y reacciones y que no publicamos poe que en Venezuela, todavia existe el abuso de poder, violaciones de derechos humanos y sobre todo el modus operandi de sembrar a quien denuncie.
Mientras el debate crece, organizaciones civiles y usuarios exigen transparencia, investigaciones independientes y garantías para quienes denuncian posibles abusos. Entretanto, ni representantes de Bera ni autoridades policiales han emitido declaraciones públicas sobre las acusaciones difundidas en internet.
Pero las denuncias no son algo nuevo para Elías Beirouti, pues aparece como director de al menos cuatro empresas registradas en Panamá: Bera Moto Diseño, Beikho Trading Corporation, BKB Group, y Khobe Group. En estas tres últimas fungen como directores María Gabriela Ragusa, Carlos Ragusa y toda la prole Beirouti Khouri: José, Juan, David, Jesús y Andrés.
Elías Beirouti y sus hermanos también tienen empresas en Estados Unidos, como ROCA USA., INC., CHUTOGO INTERNATIONAL INC., SHANGHAI CHUTOGO, INC., BKB INVESTMENTS USA, L.L.C., entre otras.
Tambien se deberia investigar a la Corporación Génesis 2677 que distribuye repuestos originales de la marca Bera y a otras empresas beneficiadas por CADIVI que son propiedad de Elías Beirouti Khouri y su esposa María Gabriela Ragusa de Beirouti.
Beirouti goza de un convenio firmado entre el Complejo Industrial Tiuna I, empresa mixta adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, y la Corporación Kuri Sam C.A (Motos Bera) para el ensamblaje de motocicletas Bera. El convenio fue suscrito por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el presidente del Complejo Industrial Tiuna I, Atahualpa Fernández, y la gerente general de la Corporación Kuri Sam, Yamy Araujo.
En un país golpeado por la desconfianza institucional y la crisis económica, el caso vuelve a poner bajo la lupa la relación entre poder, negocios y cuerpos de seguridad.
No importa cuando lees esta nota, la información seguirá vigente.
Por Bitacora58.com
