En el municipio Sotillo del estado Anzoátegui vuelve a encenderse una alarma que ya muchos dentro de los cuerpos de seguridad conocen pero pocos se atreven a decir en voz alta. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana denuncian presiones internas, irregularidades y exigencias económicas que estarían marcando el día a día dentro de la institución.
De acuerdo con testimonios de uniformados que piden reserva por temor a represalias, existirían prácticas de cobros irregulares en puntos de control y durante procedimientos policiales, lo que habría generado un clima de tensión constante entre los propios agentes. Las denuncias señalan a la funcionaria Pierina Hurtado, adscrita a un punto de control frente a la agencia Banesco, como parte de la estructura donde se originan estas exigencias.
Los funcionarios aseguran que trabajan bajo una presión que no solo desgasta su desempeño sino que también erosiona la relación con la ciudadanía, en un contexto donde la confianza en las instituciones ya se encuentra profundamente golpeada. “Estamos cansados de trabajar bajo presión y en medio de situaciones que afectan tanto a los funcionarios como a la ciudadanía”, expresaron algunos de los oficiales.
El hecho ocurre en un país donde la narrativa oficial habla de recuperación mientras en la práctica persisten denuncias de corrupción, abusos y deterioro institucional. En las calles, muchos venezolanos sienten que estos problemas no son aislados sino parte de un sistema que se ha ido descomponiendo con los años bajo el chavismo y que hoy continúa bajo estructuras de poder asociadas al interinato de Delcy Rodríguez.
En medio de apagones, salarios precarios y servicios colapsados, la idea de instituciones transparentes parece cada vez más lejana. Lo que ocurre dentro de cuerpos como la PNB refleja una crisis más profunda que no es solo policial sino estructural y social.
Las denuncias de Sotillo no son un hecho aislado sino un reflejo de un país donde los propios funcionarios terminan atrapados en dinámicas de presión interna mientras la ciudadanía queda en el medio de un sistema que muchos consideran agotado.
La reflexión que queda es incómoda pero inevitable. Cuando la corrupción y la desconfianza se normalizan dentro de quienes deben hacer cumplir la ley, el deterioro deja de ser una excepción y se convierte en rutina diaria para todo un país.
