La seguridad debe proteger vidas, no convertirse en una barrera para la libertad de prensa.
Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana intentaron impedir este 30 de julio la cobertura periodística de la demolición del urbanismo Luisa Cáceres de Arismendi, ubicado en Catia La Mar, estado La Guaira.
De acuerdo con las denuncias, periodistas de al menos tres medios de comunicación fueron obligados a retirarse del área, pese a que se encontraban alejados del perímetro de seguridad establecido para los trabajos de demolición.
La situación generó cuestionamientos sobre las restricciones impuestas al ejercicio periodístico durante un hecho de evidente interés público, especialmente por tratarse de la demolición de una infraestructura que involucra a comunidades y despierta interrogantes sobre las condiciones, las decisiones y el manejo de la situación por parte de las autoridades.
Si bien las medidas de seguridad pueden justificar que los comunicadores mantengan una distancia prudente para evitar riesgos, estas disposiciones no deberían utilizarse como argumento para expulsar a periodistas ni para impedir el registro de lo que ocurre.
La labor de la prensa no representa una amenaza. Por el contrario, permite documentar hechos, informar a la ciudadanía y garantizar que las actuaciones de las instituciones puedan ser observadas y evaluadas públicamente.
Organizaciones y trabajadores de la comunicación exigieron que se establezcan condiciones claras, seguras y transparentes para la cobertura de este tipo de eventos, sin restricciones arbitrarias ni actuaciones destinadas a obstaculizar el trabajo de los medios.
Impedir que periodistas registren una demolición no elimina las preguntas ni borra lo ocurrido. Solo alimenta la preocupación de que se pretenda controlar la información y limitar el derecho de los ciudadanos a conocer hechos que afectan directamente a la comunidad.
La seguridad debe proteger vidas, no convertirse en una barrera para la libertad de prensa.
