La escena vuelve a repetirse y el reclamo de las familias de los presos políticos venezolanos vuelve a golpear las puertas de una institución que tiene una deuda enorme con quienes buscan justicia. Este lunes 7 de septiembre, la defensora del pueblo de Venezuela, Eglée González Lobato, recibió a familiares que llegaron hasta la sede de la Defensoría del Pueblo en Caracas para exigir respuestas, atención y acciones concretas frente a la situación de los detenidos por motivos políticos.
Por: bitacora58.com
La funcionaria aseguró que un equipo de seguimiento recibirá a los familiares y revisará los expedientes, especialmente aquellos relacionados con graves problemas de salud, penas cumplidas y retrasos procesales. También prometió que, después de revisar los casos, ofrecería declaraciones a la brevedad posible. Palabras que, para muchas familias, suenan demasiado conocidas.
El nombre de Eglée González Lobato vuelve a quedar bajo los reflectores por un antecedente especialmente sensible. La misma funcionaria que ahora promete revisar los casos de presos políticos también se comprometió anteriormente con Carmen Navas, madre del preso político que murió bajo custodia penitenciaria durante el régimen chavista, Victor Hugo Quero.
Mientras las familias reclaman que no quieren más silencio, la situación de los presos políticos continúa siendo motivo de alarma. Según Foro Penal, todavía permanecen cientos de personas detenidas en Venezuela, mientras sus familiares denuncian retrasos procesales, problemas de salud y presuntos malos tratos dentro de los centros de reclusión.
La protesta forma parte de la llamada Ruta de las respuestas pendientes, una agenda que llevará a los familiares hasta distintas instituciones del Estado durante esta semana. El mensaje que repiten es contundente y no admite demasiadas interpretaciones. Quieren que los escuchen, que revisen los casos uno por uno y, sobre todo, que las promesas se conviertan en hechos.
Ahora la presión está sobre la Defensoría del Pueblo. Las familias esperan respuestas y la pregunta queda flotando en el aire.
¿Esta vez habrá acciones concretas o quedará todo nuevamente en una promesa institucional?
