Análisis: La auditoría nacional e internacional de un «Gobierno Originario» – Por Iván Emiro Cañas Gutiérrez

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Un «Gobierno Originario», es decir, emanado de elecciones libres, verificables y con un mandato popular indiscutible, no solo tiene el derecho, sino el deber constitucional de revisar la totalidad de los actos y contratos celebrados por la dictadura.

La razón es triple:

1. Fundamento jurídico:

Vicios de origen y nulidad absoluta Los contratos firmados durante el régimen de facto (especialmente a partir de la usurpación de 2019 y el fraude de 2024) están viciados de raíz: Instituciones secuestradas: La Asamblea Nacional legítima (2015-2020) fue despojada de su función de control. El Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría, cooptados, jamás fiscalizaron con independencia.

Bajo la doctrina del «acto de gobierno de facto», todos esos actos son revisables cuando retorna el orden constitucional. Falta de transparencia absoluta: La mayoría de los acuerdos con Rusia, China, Irán y Turquía se negociaron en secreto, con cláusulas confidenciales lesivas al interés nacional (piensa en la entrega de activos estratégicos de PDVSA, las «empresas mixtas» con condiciones leoninas, los acuerdos de cooperación militar o la cesión de datos biométricos).

Violación de la Ley de Contrataciones Públicas y la Constitución: El artículo 150 de la Constitución exige la aprobación de la Asamblea Nacional para los contratos de interés público nacional. Al no existir un parlamento independiente, esos contratos son inconstitucionales.

Por tanto, un gobierno legítimo deberá declarar una emergencia institucional en materia de transparencia y someter todos esos instrumentos a un escrutinio público, con participación de un Congreso restituido y una Contraloría verdaderamente autónoma.

2. La auditoría debe ser universal:

Sí, también los contratos con Estados Unidos y Occidente Aquí aciertas de lleno. Sería un error político y jurídico monumental limitar la auditoría a los contratos con el «eje autoritario».

Debe incluir los celebrados con Estados Unidos, empresas europeas y multilaterales, por varias razones:

Corrupción sistémica: La cleptocracia no distingue banderas. Muchos negocios se hicieron bajo el manto de sanciones o licencias (OFAC), con intermediarios y comisiones que alimentaron las redes de corrupción.

Un ejemplo: la comercialización de crudo a través de empresas como Monómeros (Colombia-Venezuela) o las operaciones de refinerías en el exterior que terminaron en manos de testaferros, algunas con participación de capital occidental.

Deuda ilegítima y laudos arbitrales: Contratos de financiamiento, emisión de bonos y acuerdos con fondos de inversión internacionales que fueron renegociados sin consentimiento del parlamento legítimo. Una auditoría soberana, aplicando los principios de la «deuda odiosa», podría llevar a declarar nulos ciertos instrumentos financieros.

Credibilidad internacional: Si el nuevo gobierno audita solo a los aliados geopolíticos de la dictadura, será acusado de persecución selectiva. Para atraer inversión real y reconstruir la confianza, debe demostrar que la regla es una sola para todos: contratos claros, leyes claras, y cero tolerancia a los pactos de sombra.

Casos concretos: Los acuerdos con Chevron, Repsol, Eni o las licencias a empresas de EE. UU. (bajo el paraguas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros) deben ser examinados para verificar si beneficiaron a la población o solo a los jerarcas del régimen.

Si esos contratos sirvieron para estabilizar la producción pero no generaron ingresos al Estado democrático, habrá que renegociarlos o, en su caso, anularlos.

3. Consecuencias políticas y diplomáticas (no es ingenuidad, es realismo):

Claro que una auditoría así genera tensiones. Los países afectados reaccionarán: Rusia y China probablemente amenazarán con arbitrajes internacionales o represalias diplomáticas; Estados Unidos podría condicionar el levantamiento total de sanciones a la protección de ciertos intereses de sus empresas.

Pero ahí está justamente la fortaleza del planteamiento:

Soberanía como principio: El gobierno originario dirá: «No heredamos las obligaciones de una dictadura. Reconocemos las deudas legítimamente contraídas y los contratos que beneficien al pueblo venezolano; el resto, los llevaremos a tribunales internacionales si es necesario, o los renegociaremos con el acompañamiento de la ONU y mecanismos de transparencia global».

Auditoría con participación ciudadana y veeduría internacional: Para blindar el proceso, se puede proponer una comisión de la verdad contractual, con expertos de Naciones Unidas, la OEA o el Grupo de Lima reconstituido, que clasifique los contratos en tres categorías:

(a) anulables por ilegalidad absoluta,

(b) renegociables bajo términos justos,

Esto neutralizaría el argumento de «arbitrariedad». Protección de activos estratégicos: El objetivo último es recuperar el control de Pdvsa, Citgo, las reservas internacionales, los minerales estratégicos (oro, coltán) y cualquier otro activo que haya sido entregado como prenda de lealtad política.

Sin esa auditoría, el país seguirá hipotecado.

Esto no es un capricho opositor; es el mandato de la calle. El movimiento de comerciantes que protesta el 3 de julio, y la misma María Corina Machado, saben que sin una limpieza profunda de los contratos, Venezuela no podrá aspirar a una verdadera reconstrucción. Ellos lo han dicho de forma clara: la transición no es solo sacar a Maduro; es desmontar el andamiaje jurídico y financiero que sostuvo la cleptocracia. La auditoría universal es la piedra angular de ese desmontaje.

En resumen: sí, un Gobierno Originario tendrá que revisar absolutamente todos los contratos, sin excepción, porque la ausencia de transparencia y el secuestro institucional contaminan la totalidad de los actos del régimen. Incluir los acuerdos con Rusia, China, Irán y Turquía es imprescindible, pero también los celebrados con Estados Unidos y cualquier otro actor.

La legitimidad del nuevo Estado se construirá sobre la verdad y la justicia, no sobre la conveniencia geopolítica del momento.

Esa exigencia, de hecho, fortalece la posición de quienes protestan: no están pidiendo simplemente elecciones, están pidiendo una república íntegra donde los contratos vuelvan a estar al servicio del pueblo y no de las mafias.

Por: Lord Iván Emiro Cañas Gutiérrez