Venezuela busca atraer inversión minera, pero enfrenta graves riesgos de seguridad
Venezuela intenta abrir su sector minero a la inversión extranjera para desarrollar sus vastas reservas de oro, hierro y bauxita, con el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump. Sin embargo, la iniciativa enfrenta importantes desafíos, especialmente en materia de seguridad, debido a la fuerte presencia de grupos armados en las zonas mineras.
De acuerdo con testimonios recogidos por Reuters en el estado Bolívar, al sureste del país, la actividad minera está dominada en gran medida por organizaciones criminales y grupos irregulares que controlan los yacimientos y operan con violencia. Entre ellos figuran guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, además de bandas locales.
“Los sindicatos criminales controlan las minas”, afirmó una minera informal de El Callao, quien describió un entorno donde las reglas son impuestas por grupos armados y el castigo puede ser violento.
El gobierno venezolano, encabezado por Delcy Rodríguez, ha promovido recientemente una nueva ley minera que permite la participación de empresas privadas y extranjeras en la explotación de minerales estratégicos. La medida busca diversificar una economía duramente golpeada por la crisis petrolera, la hiperinflación, las sanciones y la migración masiva.
Funcionarios estadounidenses han respaldado estas iniciativas. Incluso se han otorgado licencias que permiten ciertas transacciones con oro venezolano, incluyendo operaciones con la estatal Minerven. Empresas como Gold Reserve han mostrado interés en retomar proyectos en el país, mientras que la firma suiza Trafigura ya participa en programas de abastecimiento responsable.
No obstante, expertos y residentes coinciden en que sin mejoras sustanciales en seguridad, transparencia y supervisión ambiental, será difícil atraer inversiones significativas. Denuncian además presunta complicidad entre fuerzas estatales y redes criminales que controlan la minería ilegal.
Aunque el gobierno asegura que garantizará condiciones seguras para los inversionistas, hasta ahora no ha detallado planes concretos para enfrentar la violencia en regiones clave como el Arco Minero del Orinoco.
En este contexto, la apuesta de Venezuela por el desarrollo minero aparece como una oportunidad económica, pero también como un desafío complejo en un territorio donde la ley, según sus habitantes, aún está lejos de imponerse.
