Por primera vez, el Banco Central de Venezuela reveló cifras oficiales sobre remesas, confirmando una realidad incómoda: mientras el gobierno de Nicolás Maduro descalificaba a los migrantes, la economía del país dependía en gran medida del dinero que estos enviaban desde el exterior.
Según el economista Hermes Pérez, las remesas pasaron de apenas 11 millones de dólares en 2015 a promedios cercanos a 3.000 millones anuales entre 2018 y 2025, superando los 25.000 millones acumulados. El profesor José Manuel Puente destacó que estos ingresos llegaron a representar el 27% de los ingresos petroleros y más de la mitad de las exportaciones no petroleras.
En medio de una economía colapsada, con una caída del PIB de 75%, las remesas se convirtieron en el principal sustento de millones de hogares, impulsando el consumo y mitigando la crisis humanitaria, aunque sin reemplazar una verdadera recuperación productiva.
La publicación de estos datos marca un giro en la opacidad oficial, vinculado a la estrategia del gobierno encabezado por Delcy Rodríguez de acercarse a organismos internacionales. Sin embargo, el reconocimiento llega tarde: durante años, el discurso oficial minimizó la migración y ocultó el impacto económico de la diáspora.
Organismos como Organización Internacional para las Migraciones y ACNUR estiman que más de 7,9 millones de venezolanos han abandonado el país, configurando una de las mayores crisis migratorias del mundo reciente.
El contraste es contundente, quienes fueron señalados y descalificados terminaron siendo el sostén silencioso de una economía en crisis.
