Un gran jurado federal imputó cuatro cargos a Wilber Rafael Garcés Pérez, un repartidor venezolano de 28 años que recibió un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un control de tránsito en Austin, Texas, el pasado 20 de septiembre.
La acusación formal incluye agresión, resistencia, impedimento y obstrucción a un funcionario federal. Si es declarado culpable, Garcés podría enfrentar hasta 20 años de prisión.
La acusación formal fue presentada el martes ante la División de Austin de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas.
Según los fiscales, el venezolano utilizó su vehículo como un arma y golpeó a un agente con el espejo lateral del automóvil mientras intentaba huir de un control de tránsito. El hecho ocurrió cuando realizaba una entrega de comida para DoorDash.
La acusación también señala que Garcés mostró su licencia de conducir, pero no siguió las instrucciones de los agentes para que saliera del vehículo.
Sin embargo, el venezolano sostiene que una camioneta de los funcionarios migratorios impactó su automóvil y que recibió el disparo cuando giraba. El agente que le disparó no llevaba una cámara corporal, según la información publicada sobre el caso.
Garcés recibió un disparo durante el incidente y permaneció casi dos semanas con una bala alojada en la espalda. Fue operado el 2 de octubre para extraerla y actualmente se recupera bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, informó Fabiana Melendez Ruiz, portavoz de su equipo legal. Un día antes de la operación, compareció ante el tribunal en una silla de ruedas y con un brazo en cabestrillo.
Garcés ingresó a Estados Unidos en 2024
El repartidor venezolano ingresó a Estados Unidos en 2024 mediante la aplicación CBP One, que durante el Gobierno de Joe Biden permitía a los migrantes programar citas con las autoridades migratorias para solicitar asilo. Donald Trump puso fin al programa al comenzar su mandato.
Según su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch, Garcés solicitó asilo y obtuvo un permiso de trabajo.
La defensora también explicó que un juez emitió una orden de deportación contra el venezolano después de que no asistiera a una audiencia. Sin embargo, afirmó que la notificación fue enviada a una dirección en la que su cliente ya no residía.
El caso provocó protestas en Austin por las actuaciones de los agentes migratorios y las políticas de la administración de Donald Trump.
