La posibilidad de postergar las elecciones presidenciales hasta finales de 2027 o comienzos de 2028 abre un debate sobre el costo que la incertidumbre política tiene para millones de venezolanos. Mientras se habla de depurar el sistema electoral y construir garantías democráticas, la población continúa enfrentando servicios públicos deficientes, jornadas de hasta 12 horas sin electricidad, ingresos insuficientes y una creciente vulnerabilidad social.
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La perspectiva de que Venezuela celebre elecciones presidenciales a finales de 2027 o comienzos de 2028, planteada por Dinorah Figuera, vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿cuánto tiempo más puede esperar la población venezolana mientras sus condiciones de vida continúan deteriorándose?
En una entrevista concedida al diario El Nacional, Figuera explicó que, antes de convocar los comicios, considera necesario desmontar las estructuras que condicionan el funcionamiento del sistema electoral, depurar el registro de votantes, revisar las instituciones judiciales y garantizar que los partidos políticos puedan participar sin restricciones. También señaló que esperan contar con un informe sobre el sistema electoral en diciembre y que el proceso de reforma institucional deberá extenderse a otros organismos del Estado.
Se trata de objetivos fundamentales para recuperar la credibilidad de unas elecciones y avanzar hacia una salida democrática. Sin embargo, la posibilidad de que ese proceso se prolongue hasta 2028 plantea una contradicción difícil de ignorar: mientras la dirigencia política discute los tiempos de una eventual transición, los venezolanos enfrentan una emergencia cotidiana que no admite aplazamientos.
Una transición política que avanza más lentamente que la crisis social
La reconstrucción de las instituciones democráticas requiere garantías, transparencia y condiciones reales de competencia. Convocar elecciones sin resolver las restricciones a los partidos, las denuncias sobre el registro electoral y las dudas sobre la independencia de los poderes públicos podría reproducir los problemas que han debilitado la confianza ciudadana.
Pero reconocer esa necesidad no significa que la sociedad deba resignarse a esperar indefinidamente.
Para millones de venezolanos, la crisis no se mide en cronogramas de negociación ni en fechas tentativas. Se mide en las horas que pasan sin electricidad, en los hogares que deben improvisar soluciones ante las fallas de los servicios públicos, en la dificultad para adquirir alimentos y medicamentos y en unos salarios que han perdido buena parte de su capacidad adquisitiva.
Los apagones prolongados, que en distintas regiones pueden alcanzar hasta 12 horas, afectan la conservación de los alimentos, el funcionamiento de pequeños negocios, las actividades educativas y la posibilidad de trabajar con normalidad. A ello se suman las deficiencias del suministro de agua, las dificultades del transporte y la precariedad de los ingresos familiares.
La pregunta, por tanto, no es únicamente cuándo habrá elecciones, sino qué medidas concretas se adoptarán para aliviar las condiciones de vida de la población mientras llega ese momento.
El petróleo venezolano y la pregunta sobre quién se beneficia
Otro elemento que exige atención es el manejo de los recursos petroleros en el nuevo escenario político venezolano y la influencia de Estados Unidos en el proceso de transición.
Washington ha desempeñado un papel determinante en la nueva etapa política y en las discusiones sobre el futuro del país. Al mismo tiempo, el petróleo venezolano continúa siendo un recurso estratégico de enorme valor económico y geopolítico.
Esta realidad alimenta un debate legítimo: ¿cómo se están administrando los ingresos petroleros y qué beneficios concretos están llegando a los venezolanos?
Las decisiones sobre la comercialización del crudo, las licencias, los mecanismos de pago y el destino de los recursos deben estar acompañadas de transparencia y rendición de cuentas. No basta con que el petróleo vuelva a ocupar un lugar central en las negociaciones internacionales; también es necesario que la riqueza generada contribuya a recuperar los servicios públicos, mejorar los ingresos y atender las necesidades de la población.
Afirmar que Estados Unidos se está beneficiando económicamente del petróleo venezolano exige examinar los contratos, los flujos financieros y las condiciones de comercialización. Sin embargo, la preocupación de fondo permanece: si el petróleo representa una fuente de ingresos estratégica, ¿por qué los ciudadanos siguen esperando soluciones para la electricidad, el agua, los hospitales y los salarios?
La riqueza petrolera no puede convertirse exclusivamente en una variable de negociación entre gobiernos, empresas y actores internacionales. Su administración debe responder también a las necesidades de una sociedad que lleva años soportando las consecuencias de la crisis económica y del deterioro institucional.
Salarios pulverizados y servicios públicos que no dan tregua
Mientras se discuten reformas judiciales, garantías electorales y acuerdos políticos, los trabajadores venezolanos continúan enfrentando ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.
La pérdida del poder adquisitivo ha obligado a numerosas familias a depender de remesas, trabajos adicionales, actividades informales y otras fuentes de ingresos para subsistir. Para quienes no cuentan con esos recursos, la situación resulta todavía más difícil.
Los jubilados y pensionados se encuentran entre los sectores más vulnerables, mientras que los trabajadores públicos deben afrontar gastos cotidianos que superan ampliamente su capacidad económica.
En este contexto, la recuperación democrática no puede desligarse de la recuperación social. Una transición que se limite a reorganizar instituciones, sin atender las necesidades urgentes de la población, corre el riesgo de perder legitimidad ante ciudadanos agotados por años de precariedad.
La estabilidad política necesita algo más que acuerdos entre dirigentes: requiere condiciones materiales que permitan a las personas vivir con dignidad.
La migración: otra consecuencia de una crisis que no espera
A la crisis económica y de los servicios públicos se suma la vulnerabilidad de los venezolanos que han emigrado en busca de oportunidades y seguridad.
En distintos países de América Latina, los migrantes enfrentan dificultades para regularizar su situación, acceder a empleos formales y sostener a sus familias. También se producen operativos de deportación y medidas migratorias que pueden afectar a ciudadanos venezolanos, dependiendo de la legislación y de las decisiones adoptadas por cada gobierno.
Hablar de expulsiones o deportaciones requiere distinguir entre los países, las políticas aplicadas y las cifras verificadas. No obstante, la preocupación es evidente: quienes abandonaron Venezuela para escapar de la crisis se encuentran, en ocasiones, ante una nueva situación de incertidumbre.
Para muchas familias, la migración no fue una elección sencilla, sino una estrategia de supervivencia. Ahora, la posibilidad de perder su estatus migratorio, su empleo o el lugar donde han reconstruido sus vidas añade otra dimensión a la emergencia venezolana.
La transición política también debe contemplar a esa población. La recuperación del país no puede diseñarse ignorando a millones de venezolanos que viven fuera de sus fronteras y que aspiran a regresar cuando existan condiciones económicas, institucionales y de seguridad que lo permitan.
El diálogo político y la ausencia de una fecha definitiva
Figuera reconoció que las negociaciones sobre garantías políticas y civiles han sido complejas, debido a las dificultades para alcanzar concesiones entre las partes. También sostuvo que la recuperación de la institucionalidad debe abarcar al Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el ámbito militar.
La reforma de esas instituciones resulta decisiva para construir un sistema de contrapesos y evitar que las elecciones se conviertan en una formalidad sin garantías suficientes.
Sin embargo, la ausencia de una fecha definitiva y de un calendario público verificable mantiene abierta la incertidumbre. Además, las ausencias de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia de la mesa de diálogo, señaladas en la información difundida por EFE, plantean interrogantes sobre la representatividad de las conversaciones y la incorporación de los distintos sectores de la oposición.
Si el objetivo es construir una salida democrática duradera, la negociación debe traducirse en compromisos verificables, plazos razonables y mecanismos de seguimiento que permitan a los ciudadanos conocer qué se está haciendo y cuáles son los resultados.
¿Puede pedírsele paciencia a un país que vive en emergencia?
La declaración de Figuera refleja una realidad política compleja: unas elecciones confiables requieren condiciones que no pueden improvisarse. Pero también pone de manifiesto el riesgo de que la reconstrucción institucional se convierta en un proceso prolongado mientras las urgencias sociales continúan acumulándose.
Los venezolanos necesitan elecciones con garantías, pero también electricidad, agua potable, hospitales funcionales, salarios dignos y oportunidades para reconstruir sus vidas. Una necesidad no debería utilizarse como argumento para posponer indefinidamente la otra.
Si la fecha tentativa se sitúa entre finales de 2027 y comienzos de 2028, resulta indispensable que ese horizonte esté acompañado de avances concretos y medibles. La depuración del registro electoral, la restitución de los derechos políticos, la independencia de las instituciones y la transparencia en el manejo de los recursos públicos deben formar parte de una hoja de ruta clara.
También deben establecerse medidas inmediatas para atender la crisis de los servicios públicos y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.
Venezuela no puede quedar reducida a una negociación sobre quién ejerce el poder, quién controla las instituciones o quién administra el petróleo. La verdadera medida de una transición será su capacidad para devolverles a los ciudadanos sus derechos, sus oportunidades y una vida digna.
Porque mientras los dirigentes calculan los tiempos de la política, millones de venezolanos siguen contando las horas sin electricidad, los días que faltan para cobrar y los recursos que necesitan para llegar a fin de mes.
Y para quienes viven esa realidad, 2028 no es solamente una fecha en el calendario electoral: es una espera que tiene un costo humano, económico y social que el país ya no puede permitirse ignorar.
