La educadora Rosa Subero, con 18 años de servicio, habría sido removida de su cargo después de reclamar por las condiciones que afectan a la comunidad de La Montaña, en El Manteco, estado Bolívar.
Por bitacora58.com
La denuncia sobre una nueva destitución en el sector educativo vuelve a encender las alarmas en el estado Bolívar. Esta vez, el caso señalado es el de la licenciada Rosa Subero, directora de la escuela pública Alejandro Otero, ubicada en La Montaña, El Manteco, quien habría sido removida de su cargo el pasado 21 de septiembre, luego de participar en protestas y reclamar por problemas que afectan directamente a su comunidad.
De acuerdo con la denuncia difundida en redes sociales, Subero cuenta con 18 años de servicio docente y habría protestado por la situación generada por la explotación de oro en las inmediaciones de la institución educativa y del lago de Guri. Sus reclamos, según lo expuesto, estarían relacionados con las consecuencias que esta actividad genera para los habitantes de la zona.
El caso de Subero ocurre apenas semanas después de la situación denunciada por la profesora Nayibet Morales, directora de la Unidad Educativa Nacional Simón Rodríguez de San Félix, quien fue removida de su cargo en agosto.
Morales denunció que recibió la notificación de cese de funciones después de participar en manifestaciones ciudadanas y exigir elecciones libres. La educadora sostuvo que la medida no estuvo relacionada con su desempeño profesional, sino con sus posiciones políticas y sus expresiones públicas.
Su caso generó pronunciamientos y reclamos públicos. Posteriormente, Morales acudió a instancias laborales para intentar defender sus derechos, aunque la Inspectoría del Trabajo no recibió su denuncia y le indicó que debía acudir a los tribunales contra el Ministerio de Educación.
Dos educadoras y una misma denuncia
La situación denunciada ahora en El Manteco vuelve a poner sobre la mesa las consecuencias que pueden enfrentar los trabajadores públicos cuando elevan reclamos o expresan posiciones críticas.
En el caso de Rosa Subero, la denuncia sostiene que su protesta estaba relacionada con la explotación aurífera que se desarrolla en las cercanías de la escuela Alejandro Otero y con las condiciones que enfrenta la comunidad.
La acusación plantea un fuerte contraste entre la respuesta que, según los denunciantes, reciben los ciudadanos cuando reclaman soluciones y la rapidez con la que se habrían tomado medidas administrativas contra una educadora que decidió levantar la voz.
En Guayana, el reclamo de trabajadores, docentes, pensionados y comunidades se ha convertido en una constante. El caso de Morales ya había evidenciado las tensiones existentes dentro del sistema educativo. La propia educadora denunció presiones políticas sobre los trabajadores de las escuelas y afirmó que los docentes tienen derecho a expresar opiniones diferentes y participar en manifestaciones.
Ahora, la denuncia sobre Subero abre un nuevo capítulo en esta situación.
Reclamar por la comunidad
Más allá de su cargo como directora, el caso de Rosa Subero está siendo presentado como el de una educadora que decidió reclamar por las condiciones de la comunidad donde trabaja.
La denuncia señala que mientras la explotación de recursos minerales continúa alrededor de las poblaciones de Guayana, los habitantes siguen esperando respuestas a problemas que afectan su vida cotidiana y, en este caso, también al entorno de una institución educativa.
Por ahora, no se ha conocido públicamente una explicación oficial de las autoridades educativas que permita establecer las razones administrativas exactas de la salida de Subero. Por ello, la denuncia sobre una relación directa entre su protesta y la destitución debe ser atribuida a quienes la formularon hasta que exista una versión oficial o documentación administrativa que permita confirmarla.
Lo que sí está documentado es que el caso de Nayibet Morales ya generó una controversia similar en Bolívar, después de que la educadora denunciara haber sido removida de la dirección de su escuela por sus posiciones y participación en protestas.
La preocupación ahora se extiende hacia El Manteco. La comunidad deberá determinar si la salida de Rosa Subero responde a razones administrativas o si, como denuncian quienes han hecho público el caso, se trata de una consecuencia de haber protestado y exigir respuestas frente a una problemática que afecta a los ciudadanos.
En una región acostumbrada a reclamar por servicios, salarios, condiciones laborales y el impacto de las actividades extractivas, la pregunta de fondo vuelve a ser la misma: qué espacio queda para quienes deciden levantar la voz y exigir respuestas.
