Una pareja denuncia haber sido víctima de un procedimiento presuntamente irregular en el sector San Isidro, Caucagüita
Por bitacora58.com
Una grave denuncia involucra a varios funcionarios de la Base Motorizada de Mariche-La Pista, en el estado Miranda, luego de un procedimiento policial ocurrido en el sector San Isidro, Caucagüita, que habría terminado con una pareja detenida y posteriormente acusada de un delito relacionado con drogas.
Según la denuncia difundida sobre el caso, los funcionarios señalados serían Daniel Hernández, oficial jefe; Jean García, primer oficial; y Yeiber Serrano, este último señalado además de haber utilizado presuntamente la fuerza física contra la mujer durante el procedimiento.
De acuerdo con el relato de los denunciantes, los funcionarios habrían instalado una alcabala en la zona y detenido a una pareja que se desplazaba en una motocicleta. La mujer, identificada en la denuncia como trabajadora de la Oficina de Protección al Menor del municipio Sucre, viajaba junto a su esposo, Freddy Hernández.
La denuncia sostiene que, tras la detención, los funcionarios habrían ejercido presiones para obtener dinero a cambio de dejarlos en libertad. La mujer habría comenzado a grabar con su teléfono celular ante la negativa de la pareja a acceder a lo que calificó como una presunta exigencia de dinero.
Posteriormente, siempre según la denuncia, ambos fueron trasladados al comando de la Motorizada de Mariche, donde presuntamente les habrían colocado sustancias ilícitas para incriminarlos.
Sin embargo, los denunciantes aseguran que el procedimiento habría quedado registrado en videos realizados por vecinos que presenciaron lo ocurrido en San Isidro. De confirmarse la existencia de estas grabaciones, podrían constituir elementos de interés para esclarecer la actuación de los funcionarios y determinar si hubo irregularidades.
El caso, según la información difundida, habría sido puesto en conocimiento de organismos de investigación y autoridades superiores, entre ellos la Fiscalía, funcionarios de la CPNB y el CICPC.
También han sido mencionados en los señalamientos Alfonso Soto, jefe de la base, y Darwin Dicoto, segundo al mando, cuya eventual responsabilidad deberá ser determinada mediante una investigación formal.
Las acusaciones son de extrema gravedad. Si una investigación independiente confirma que funcionarios policiales utilizaron su autoridad para extorsionar a ciudadanos, fabricar evidencias o incriminar injustamente a personas, estaríamos ante hechos que ameritarían sanciones penales y administrativas.
Por ahora, corresponde a las autoridades competentes investigar los videos, testimonios y demás elementos de prueba, garantizar el debido proceso para todas las partes y determinar responsabilidades.
La autoridad policial debe estar al servicio del ciudadano, no convertirse en una herramienta para el abuso, la extorsión o la fabricación de delitos.
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