La organización Amnistía Internacional (AI) advirtió que Colombia y Venezuela se han convertido en los dos países más peligrosos del mundo para defender los derechos humanos. Según su más reciente informe, presentado en Bogotá, esta situación responde a causas distintas en cada país, la persistente violencia derivada del conflicto armado en Colombia y la represión estatal sistemática en Venezuela.
En el caso colombiano, AI señaló que el país continúa atravesando una profunda crisis de violencia, en gran parte alimentada por la actividad de grupos armados ilegales. Entre ellos se encuentran la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las antiguas FARC y estructuras criminales como el Clan del Golfo. Esta situación ha puesto en riesgo constante a líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Además, la organización expresó preocupación por la política de “paz total” impulsada por el presidente Gustavo Petro, señalando que aún no existen garantías claras de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas. Según el informe, más de nueve millones de personas —una quinta parte de la población— han sido afectadas por el conflicto armado, y en 2025 se sumaron miles de nuevos casos, especialmente entre comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
La situación de seguridad también se refleja en el aumento de la violencia contra defensores: 2025 fue el año con mayor número de asesinatos de líderes sociales durante el actual gobierno, con 165 casos registrados, de acuerdo con el programa Somos Defensores.
Por otro lado, en Venezuela, AI denunció la existencia de un patrón sostenido de represión estatal que limita gravemente las libertades civiles. La organización documentó el uso de instituciones como los cuerpos de seguridad, el sistema judicial y el Ministerio Público para silenciar la disidencia.
El informe revela que las detenciones arbitrarias continúan vigentes en 2026. Solo en 2025 se registraron 806 personas detenidas de forma irregular, de las cuales más de 400 siguen privadas de libertad. Asimismo, se reportaron al menos 63 desapariciones forzadas.
AI también alertó sobre ataques a periodistas, persecución a manifestantes y hostigamiento a defensores de derechos humanos, lo que genera un impacto generalizado en la sociedad. Un caso emblemático es el del activista Yendri Velásquez, quien, tras huir de Venezuela, fue atacado en Bogotá por sicarios en un atentado que casi le cuesta la vida.
En conclusión, Amnistía Internacional subrayó que la comunidad internacional no debe ignorar estas crisis, ya que ambas reflejan graves violaciones de derechos humanos que requieren atención urgente y acciones concretas para proteger a las poblaciones afectadas.
