Una familia de cinco miembros en Venezuela necesitó 692,32 dólares en marzo de 2026 para cubrir sus gastos básicos de alimentación, según estimaciones del Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).
El informe, divulgado este viernes por la organización, refleja un incremento del 7,24 % respecto a febrero, cuando el costo de la canasta alimentaria se ubicó en 645,6 dólares.
La ONG también alertó sobre la marcada brecha entre el costo de vida y el poder adquisitivo de los venezolanos. El salario mínimo mensual permanece congelado desde 2022 en 130 bolívares, lo que equivale actualmente a unos 0,27 dólares, según el tipo de cambio oficial.
En este contexto, un salario mínimo apenas alcanza para cubrir 0,04 % del costo de la canasta básica, lo que evidencia la magnitud de la crisis. Para cubrir la alimentación mensual de una familia se requieren más de 2.400 salarios mínimos o el equivalente a poco más de cuatro bonos mensuales de 150 dólares que entrega el Gobierno a empleados públicos.
En los últimos años, la política salarial del Ejecutivo se ha enfocado en el pago de bonificaciones, sin incidencia en prestaciones laborales, que suman alrededor de 190 dólares mensuales, distribuidos entre un bono de alimentación (40 dólares) y el denominado “ingreso de guerra económica” (150 dólares).
Por su parte, el Banco Central de Venezuela (BCV) informó recientemente que la inflación continúa elevada: los precios subieron 13,1 % en marzo, tras registrar 14,6 % en febrero y 32,6 % en enero.
Ante esta situación, trabajadores y organizaciones sindicales han protagonizado protestas en Caracas en las últimas semanas, exigiendo mejoras salariales y condiciones laborales más dignas.
En respuesta, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, anunció que el Gobierno evalúa un aumento “responsable”, aunque sin precisar el monto ni si estará dirigido al salario mínimo o a las bonificaciones.
La evolución de los precios y el estancamiento de los ingresos mantienen a la mayoría de los hogares venezolanos en una situación de alta vulnerabilidad económica, donde el acceso a la alimentación depende cada vez más de ingresos adicionales o ayudas estatales.
