ONG exige derogar nueve leyes por su impacto en libertades y economía en Venezuela
La organización Transparencia Venezuela publicó un informe en el que solicita la derogación de nueve leyes aprobadas entre 2014 y 2024, al considerar que han contribuido a consolidar mecanismos represivos y a restringir derechos fundamentales en el país.
El documento, titulado «Necesidad de derogar marco normativo restrictivo en Venezuela», sostiene que estas normativas carecen de bases constitucionales sólidas, contradicen estándares internacionales y resultan incompatibles con una democracia plural. Asimismo, advierte que el uso de términos ambiguos como “odio”, “seguridad nacional”, “bloqueo” o “fascismo” facilita la criminalización de la disidencia y limita la labor de organizaciones civiles y humanitarias.
Entre las leyes cuestionadas destaca la Ley de Fiscalización de ONG, conocida como “Ley Antisociedad”, que impone requisitos administrativos que dificultan el funcionamiento de las organizaciones. Según el informe, hasta junio de 2025 solo tres de 101 organizaciones consultadas habían logrado registrarse bajo este esquema.
También figura la Ley contra el Odio, aprobada en 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, que contempla penas de hasta 20 años de prisión por expresiones consideradas ambiguas y permite el cierre de medios, lo que, según el análisis, ha fomentado la autocensura.
El informe incluye además la Ley Bolívar, que sanciona con hasta 30 años de cárcel a quienes promuevan sanciones internacionales contra el gobierno; la Ley Antibloqueo, que permite al Ejecutivo manejar información económica bajo reserva y sin control parlamentario; y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que, según la ONG, no garantiza efectivamente el acceso a datos públicos.
Otras normas señaladas son la Ley de Precios Acordados, por su impacto en la escasez y la informalidad; la Ley del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), por penalizar el uso de divisas y afectar la actividad empresarial; la Ley de Pensiones, que impone cargas adicionales al sector privado; y el régimen de control cambiario vigente desde 2003, al que se atribuyen distorsiones económicas y riesgos de corrupción.
El informe sostiene que la derogación de estas leyes es jurídicamente viable y necesaria para restablecer la separación de poderes, garantizar derechos civiles y reactivar la economía. Asimismo, afirma que varias de estas normativas contradicen recomendaciones de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Grupo de Acción Financiera Internacional.
Transparencia Venezuela concluye que eliminar este marco legal es clave para una transición institucional, económica y democrática sostenible, y plantea que sea una Asamblea Nacional elegida en un proceso libre y con garantías la encargada de impulsar las reformas necesarias.
