Los daños ocasionados por los sismos registrados el pasado 24 de junio en el Urbanismo Hugo Chávez, ubicado en Playa Grande, estado La Guaira, han vuelto a poner bajo la lupa la calidad de la construcción del complejo habitacional y las decisiones tomadas durante su desarrollo.
La obra fue adjudicada en 2011 a la empresa turca Summa Construction, luego de que su presidente, Selim Bora, sostuviera reuniones con el entonces canciller Nicolás Maduro y posteriormente con Hugo Chávez, quien impulsó personalmente el proyecto tras conocer el trabajo de la compañía en otros países.
El urbanismo fue concebido como una respuesta de emergencia para atender a miles de familias afectadas por las lluvias de 2010. Sin embargo, la premura con la que se ejecutó la construcción y las características geológicas del terreno han generado cuestionamientos que hoy cobran mayor relevancia tras los recientes movimientos sísmicos.
Documentos oficiales de planificación urbanística advertían desde hace años que Playa Grande se encuentra sobre una zona de alta actividad sísmica y recomendaban estudios geotécnicos detallados, además del estricto cumplimiento de las normas venezolanas de edificaciones sismorresistentes.
Ingenieros consultados tras el colapso parcial de varias estructuras sostienen que los daños observados son compatibles con posibles fallas en las fundaciones. Según especialistas, algunas edificaciones presentan hundimientos e inclinaciones que podrían estar asociados a la ausencia de pilotes profundos capaces de alcanzar estratos de suelo más estables y resistir fenómenos como la licuefacción.
El doctor en Ingeniería Carlos Genatios también expresó públicamente sus dudas sobre la calidad de la obra, al señalar que, por las evidencias observadas, el urbanismo probablemente no cumplió con las normas sísmicas vigentes en Venezuela y que pudo haberse construido con materiales inadecuados.
Mientras continúan las evaluaciones técnicas, decenas de familias han vuelto a quedar sin hogar. Muchos de los residentes ya habían sido damnificados por la tragedia de Vargas de 1999 y ahora enfrentan nuevamente la pérdida de sus viviendas.
El caso ha reabierto el debate sobre la planificación, supervisión y ejecución de grandes proyectos habitacionales en zonas de riesgo, así como sobre la necesidad de determinar responsabilidades si las investigaciones confirman fallas estructurales en una de las obras emblemáticas de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
