El suministro de combustible que alimenta y hace crecer la actividad aurífera ilegal al sur del Orinoco continúa fluyendo sin obstáculos, superando alcabalas y controles castrenses que, en teoría, deberían frenar este delito ambiental y económico.
Diversas denuncias señalan que el traslado de gasolina y diésel hacia estas zonas mineras se realiza con total libertad, lo que evidencia no solo la magnitud de la operación, sino también la ineficacia o permisividad de los mecanismos de control, y el Periodista independiente Fritz Sánchez, no solo lo sabe, sino que lleva años denunciándolo en sus redes sociales.
Este flujo constante de combustible se ha convertido en el principal soporte logístico para la expansión de la minería ilegal, una actividad que arrasa con ecosistemas, contamina ríos y deja profundas huellas sociales.
En el sur del Orinoco, donde se concentra buena parte de esta explotación irregular, la destrucción ambiental avanza a un ritmo alarmante. La deforestación masiva, el uso indiscriminado de mercurio y la presencia de grupos irregulares han transformado la región en una zona crítica, mientras las autoridades parecen incapaces de detener el deterioro.
A pesar de los discursos oficiales sobre la protección del ambiente y la lucha contra la minería ilegal, los hechos reflejan una realidad distinta: el combustible sigue llegando, las minas siguen creciendo y la devastación continúa.
La pregunta que queda en el aire es ¿falta de capacidad o falta de voluntad política? Mientras tanto, el sur del país paga las consecuencias de un modelo que, lejos de ser controlado, parece avanzar con total impunidad.
