Indignación, rechazo y profunda desconfianza es lo que ha generado entre los venezolanos el nuevo episodio mediático que rodea al sismo y la supuesta entrega de insumos médicos en Caracas.
En el centro de la polémica aparece Valentín Santana, jefe del colectivo La Piedrita, quien fue visto distribuyendo equipos médicos a personas identificadas con el oficialismo en el sector 23 de Enero.
El hecho ha sido percibido por muchos ciudadanos como un acto propagandístico que choca frontalmente con la realidad que vive el sistema de salud venezolano. No se trata de una figura neutral ni de una organización humanitaria, sino de un grupo que ha sido señalado durante años por su participación en acciones violentas y su rol como brazo de choque político en defensa del poder.
La molestia crece porque comunidades enteras, incluyendo habitantes del propio 23 de Enero, han denunciado durante años la escasez de insumos médicos, la precariedad hospitalaria y la desaparición de recursos. En ese contexto, ver a un colectivo entregando equipos genera una pregunta inevitable que recorre las redes y las calles cómo es posible que quienes han sido vinculados al control territorial y a prácticas irregulares ahora aparezcan como proveedores de ayuda sanitaria.
Para muchos venezolanos no se trata de solidaridad sino de un montaje que busca lavar la imagen de actores cuestionados. La figura de Santana, además, arrastra un historial polémico que incluye acusaciones graves y órdenes de captura que nunca se han ejecutado lo que refuerza la percepción de impunidad.
El resultado es un profundo sentimiento de repulsión y desconfianza. En medio de una crisis prolongada, la ciudadanía no solo cuestiona el origen de esos insumos sino también el mensaje que se intenta imponer que los mismos actores señalados por abusos ahora se presenten como salvadores en medio de la emergencia.
