En la ciudad de El Tigre, en el Hospital Felipe Guevara Rojas comenzó a circular con fuerza en conversaciones, redes sociales y pasillos llenos de incertidumbre ate la grave denuncia que directivos afectos al régimen impiden sean divulgadas.
No se trata de un avance médico ni por una buena noticia, sino por una denuncia que sacude la confianza de toda una comunidad.
Según los señalamientos, una mujer identificada como Eva Cecilia García Lara habría ejercido durante años como ginecóloga sin contar con un título profesional. La sola idea de que pacientes pudieran haber sido atendidos por alguien sin la formación necesaria generó indignación, miedo y una sensación de abandono institucional, lo que ha llevado a recordar e, caso de la supuesta abogado, que no es abogado, Indira Urbaneja.
Muchos comenzaron a preguntarse cómo algo así pudo pasar desapercibido durante tanto tiempo.
Pero las acusaciones no se detuvieron allí. Familiares de pacientes empezaron a alzar la voz, relatando experiencias marcadas por la desesperación.
Entre ellas, surge otra de las tantas historia especialmente dolorosa, la de un joven que, según su entorno, no habría sido operado por no contar con los 3.500 dólares que presuntamente le exigían. Su fallecimiento, bajo estas circunstancias denunciadas, intensificó la rabia colectiva y el reclamo de justicia.
En medio de la conmoción, los ciudadanos exigieron respuestas. No bastaban los rumores ni las versiones cruzadas; pedían una investigación profunda, transparente, que aclarara los hechos y determinara responsabilidades. La confianza en el sistema de salud, ya frágil, parecía tambalearse aún más.
Mientras tanto, la historia seguía creciendo, impulsada por la urgencia de quienes creen que la salud no puede depender de irregularidades ni de la impunidad. Pero también quedaba una necesidad clara: que la verdad, con pruebas y bajo la ley, sea la que finalmente hable.
