Un nuevo hecho irregular vuelve a poner bajo cuestionamiento a cuerpos de seguridad en Venezuela. En Puerto Cabello, estado Carabobo, ciudadanos denunciaron que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvieron un autobús y habrían obligado al colector a pagar dinero para permitirle continuar su recorrido.
Aunque el caso no ha sido confirmado oficialmente por autoridades, cosa que no es nada raro en Venezuela, desde la llegada del chavismo al poder, es una denuncia más que se suma a una serie de antecedentes que reflejan patrones similares dentro del mismo organismo.
En los últimos años, distintos episodios han evidenciado prácticas de extorsión vinculadas a funcionarios policiales. En 2025, por ejemplo, tres efectivos de la PNB fueron detenidos y expulsados tras ser acusados de extorsionar a turistas extranjeros, luego de que el caso se hiciera público en redes sociales . Asimismo, reportes recientes señalan que controles policiales, especialmente en alcabalas, han sido denunciados por ciudadanos como espacios donde se producen intimidaciones y cobros ilegales .
Este contexto refuerza la percepción de que no se trata de hechos aislados, sino de una problemática estructural que impacta directamente la confianza ciudadana en los cuerpos de seguridad.
Especialistas y organizaciones han advertido que la falta de controles internos efectivos, la impunidad y la debilidad institucional facilitan la repetición de estas prácticas. La reiteración de denuncias en distintas regiones del país apunta a la necesidad de reformas profundas dentro de los organismos policiales.
Mientras tanto, ciudadanos insisten en que la seguridad no puede sostenerse sobre prácticas ilegales. La exigencia es clara, depuración institucional, sanciones reales para los responsables y una transformación que priorice la profesionalización por encima del crecimiento numérico de funcionarios.
El caso de Puerto Cabello reabre el debate sobre el rol de los cuerpos de seguridad en Venezuela y deja en evidencia una demanda creciente, poner fin a los abusos de poder y garantizar que el uniforme no sea utilizado como herramienta de extorsión.
