La organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), denunció, a través de sus canales oficiales, que la jueza María Lourdes Afiuni acumula más de 16 años sin recuperar plenamente sus derechos, tras ser detenida en 2009 por cumplir con sus funciones judiciales.
Afiuni fue arrestada luego de otorgar medidas cautelares al ciudadano Eligio Cedeño, cuya detención previa había sido calificada como arbitraria por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). A raíz de esta decisión, la magistrada fue encarcelada y víctima de torturas físicas y mentales. Posteriormente, fue condenada bajo el cargo de «corrupción propia», una sentencia cuestionada debido a que la fiscalía del caso dejó constancia de que no existió ninguna contraprestación económica o material, elemento indispensable para tipificar dicho delito según el marco legal venezolano.
De acuerdo con Provea, el caso de María Lourdes Afiuni se convirtió en un símbolo de la destrucción de la autonomía del Poder Judicial en Venezuela. Este acontecimiento instauró en el país el denominado “efecto Afiuni”, término que describe el temor sistemático entre jueces y funcionarios públicos a actuar de manera independiente en causas con trasfondo político.
La ONG recordó que, a pesar de la gravedad del caso y del tiempo transcurrido, el proceso judicial contra la jueza sigue abierto y la Ley de Amnistía aprobada hace unos meses la excluyó explícitamente de sus beneficios.
Finalmente, Provea cuestionó la legitimidad de la reciente consulta nacional sobre la reforma de la justicia penal anunciada por la Presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez.
La organización enfatizó que dicha iniciativa «no puede ser tomada en serio» mientras juezas y víctimas emblemáticas como Afiuni permanezcan en una situación de indefensión y vulnerabilidad jurídica sin resolución definitiva.
