El abogado y asesor jurídico de María Corina Machado sostiene que la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia no elimina estas competencias, sino que redistribuye sus funciones y mantiene la posibilidad de procesar penalmente a personas acusadas de terrorismo.
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El abogado Perkins Rocha, preso político y asesor jurídico de María Corina Machado, advirtió que la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre los tribunales con competencia en materia de terrorismo no representa su eliminación, sino una reorganización de sus funciones que, a su juicio, mantiene vigente la estructura judicial cuestionada por su utilización contra la disidencia política.
En un pronunciamiento publicado en su cuenta oficial de X, Rocha cuestionó las interpretaciones que presentan la medida como una supresión de estos órganos judiciales y afirmó que las competencias para procesar delitos de terrorismo continúan vigentes, pese a los cambios en la distribución territorial de las funciones de control penal.
«La competencia judicial en materia de delitos de terrorismo (…) no ha sido derogada ni suprimida», enfatizó el abogado, quien calificó la resolución de inconstitucional por considerar que carece de fundamento legal.
Según explicó, la decisión contempla que los tribunales ordinarios de instancia de las 24 entidades federales asuman funciones de control en las causas relacionadas con estos delitos. Sin embargo, la fase de juicio continuaría concentrada en cuatro órganos jurisdiccionales nacionales ubicados en Caracas.
Para Rocha, esta modificación no desmantela el sistema cuestionado, sino que redistribuye sus atribuciones y conserva la capacidad de procesar penalmente a los acusados bajo estas figuras.
Rocha denuncia un «maquillaje» institucional
El abogado atribuyó a la medida dos posibles objetivos, que describió como un «maquillaje» institucional. Según su interpretación, el primero sería proyectar una imagen de cumplimiento de una directriz orientada a desmontar el aparato judicial represivo, sin eliminar efectivamente las competencias que cuestiona.
El segundo objetivo, de carácter «pragmático coactivo», consistiría en adaptar y descentralizar el sistema judicial para mantener su operatividad sin modificar necesariamente las causas penales que ya se encuentran en curso.
Rocha advirtió que esta reorganización podría permitir la continuidad de los mecanismos de procesamiento penal cuestionados, especialmente ante la posibilidad de un nuevo proceso electoral en Venezuela.
Estas valoraciones corresponden a la interpretación jurídica y política expresada por el abogado sobre el alcance de la resolución.
Cuestiona el uso de las acusaciones de terrorismo
En su pronunciamiento, Rocha también denunció que las competencias judiciales en esta materia han sido utilizadas contra dirigentes opositores, activistas y ciudadanos vinculados con la defensa de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, que la oposición atribuye a Edmundo González Urrutia.
Su cuestionamiento se centra en la utilización de acusaciones de terrorismo en procesos contra personas vinculadas con la disidencia política, así como en la continuidad de las atribuciones judiciales que, según sostiene, permiten mantener estas actuaciones.
El abogado considera que cualquier reforma debe ir más allá de una redistribución administrativa y garantizar que las competencias cuestionadas no sigan siendo utilizadas para procesar a quienes adversan al poder político.
Por ello, llamó a mantener la presión ciudadana para exigir la eliminación definitiva de los tribunales de terrorismo y de las competencias que considera inconstitucionales.
«No habrá elecciones libres mientras haya presos políticos»
Rocha vinculó la situación de estos tribunales con las condiciones necesarias para celebrar elecciones libres en Venezuela. A su juicio, la permanencia de presos políticos y de mecanismos judiciales cuestionados impide considerar que existan garantías suficientes para un proceso electoral transparente.
«No habrá elecciones libres mientras haya presos políticos y Tribunales de Terrorismo», advirtió.
El pronunciamiento reabre el debate sobre el alcance real de la decisión del TSJ y sobre si los cambios anunciados representan una transformación de fondo o una reorganización de las competencias judiciales existentes.
Para Rocha, mientras se mantengan las atribuciones que cuestiona y continúen los procesos penales en curso, no puede hablarse de una eliminación efectiva de los tribunales de terrorismo. La controversia, por tanto, no se limita a dónde se ejercerán las funciones judiciales, sino a las garantías legales y al respeto de los derechos de las personas sometidas a estos procedimientos.
