El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este martes la muerte de dos personas privadas de libertad durante los primeros días de mayo, mientras se encontraban bajo custodia del Estado venezolano, en medio de una crisis persistente en el sistema penitenciario.
Las víctimas fueron identificadas como José Espinales, de 23 años, recluido en la Comunidad Penitenciaria Fénix, en el estado Lara, y Francisco Segundo Ojeda, quien permanecía detenido en el Centro de Reclusión Penitenciario Judicial 26 de Julio, en Guárico.
De acuerdo con la organización no gubernamental, ambos fallecieron por motivos de salud, lo que, según advierte, refleja fallas estructurales en la atención médica dentro de los centros de detención.
En el caso de Espinales, el OVP informó que el joven padecía una enfermedad respiratoria y permaneció hospitalizado durante más de cinco meses. Durante ese tiempo, habría estado esposado a una cama, mientras sus familiares asumían los gastos médicos, incluyendo tratamientos e insumos.
La organización también destacó que el joven era oriundo del estado Yaracuy y murió lejos de su lugar de origen, lo que evidencia el impacto de los traslados penitenciarios en los vínculos familiares.
Sobre Francisco Segundo Ojeda, el OVP indicó que su fallecimiento sigue un patrón similar: reclusos que enferman y no reciben atención médica oportuna ni adecuada.
La ONG advirtió que estos casos no son aislados, sino que forman parte de una práctica reiterada documentada en distintos centros penitenciarios del país, donde las muertes por causas de salud se han vuelto frecuentes. De hecho, la organización ha reportado múltiples fallecimientos recientes asociados a la falta de atención médica y condiciones precarias en prisión .
El OVP sostuvo que esta situación constituye una violación sistemática de los derechos a la vida, la salud y el trato digno de las personas privadas de libertad.
Asimismo, exigió a las autoridades venezolanas el cumplimiento del artículo 272 de la Constitución, que establece la obligación del Estado de garantizar condiciones adecuadas en el sistema penitenciario.
