El regreso de Javier Oropeza a Venezuela, después de más de dos años en el exilio, estuvo marcado por una advertencia que hoy cobra especial relevancia. El exalcalde del municipio Torres, en el estado Lara, responsabilizó públicamente a varios funcionarios vinculados al poder venezolano ante cualquier situación que pudiera ocurrirle tras su retorno al país.
Por bitacora58.com
Oropeza regresó a Venezuela el miércoles 16 de septiembre acompañado de su esposa, luego de permanecer durante más de dos años en España. Su retorno se produjo en medio de las gestiones para cerrar formalmente la causa judicial que pesaba en su contra por los acontecimientos registrados en Carora después de las elecciones presidenciales de julio de 2024. Según reportes regionales, la causa había sido sobreseída y el dirigente acudió a las instancias judiciales para regularizar su situación.
Pero su regreso a Lara estuvo lejos de significar tranquilidad.
Durante sus primeras declaraciones públicas, Oropeza hizo referencia a los funcionarios que, según su propia denuncia, tendrían responsabilidad si algo le sucedía. La advertencia quedó planteada en un contexto especialmente sensible, debido a los antecedentes de allanamientos, confiscaciones y acciones de organismos de seguridad contra propiedades y medios de comunicación vinculados al dirigente.
En 2024, funcionarios de seguridad allanaron la residencia de la madre de Oropeza y las instalaciones del diario El Caroreño. Posteriormente, el dirigente denunció la ocupación de propiedades y medios de comunicación de su familia. En 2026 también denunció la apropiación de bienes e instalaciones pertenecientes a El Diario de Lara y El Caroreño.
La advertencia de Oropeza adquirió un nuevo significado apenas horas después.
Este jueves 17 de septiembre, cuando salía de una entrevista en un medio de comunicación de Barquisimeto, el exalcalde fue interceptado por funcionarios de seguridad. Juan Pablo Guanipa denunció inicialmente que agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin, habían detenido a Oropeza. Otros reportes señalaron posteriormente que se encontraba bajo custodia policial en Lara.
Dirigentes opositores se trasladaron hasta una sede policial para exigir información y su liberación. De acuerdo con Monitoreamos, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana confirmaron a los dirigentes que Oropeza se encontraba detenido y argumentaron que se trataba de una verificación de su estatus legal debido a una supuesta orden que todavía aparecería registrada en el Sistema Integrado de Información Policial.
Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial ampliamente difundido que explique de manera detallada las razones de la detención ni que aclare todas las circunstancias del procedimiento.
El episodio coloca nuevamente a Javier Oropeza en el centro de una historia que comenzó después de los comicios de 2024, cuando fue señalado por hechos de violencia ocurridos en Carora y posteriormente salió del país. Un informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela documentó que funcionarios del CICPC buscaban atribuirle responsabilidad por los hechos violentos registrados durante aquellas protestas.
Ahora, su regreso terminó con una nueva detención y con una advertencia previa que genera preocupación entre sus familiares, dirigentes opositores y sectores de la sociedad civil.
Oropeza había regresado asegurando que estaba dispuesto a enfrentar su situación legal en Venezuela. Menos de 48 horas después, volvió a quedar bajo custodia de organismos de seguridad.
Según su testimonio, estos funcionarios estarían relacionados con procedimientos que incluyeron la incautación de sus propiedades y, según denuncia, la sustracción de más de 600 animales.
“Si a mi familia, mi esposa, mis hijas, mi hermana o mi madre le llegase a suceder algo, responsabilizo directamente…”
Oropeza mencionó a Roidenber Rodríguez Pérez, quien fungía como comandante del Conas al momento de que le encautaron todos sus vienes, al coronel de la guardia nacional Omar Gustavo Meléndez Herrera, al actual comandante del Conas, Christopher Duque Camargo, así como a varios efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, sargentos Franklon Anibal Castillo, David Pastran Garcia, Lindo José Dorantes Gómez y al médico veterinario Elwyn Enrique Juárez Herrera.
Su advertencia permanece como uno de los elementos más sensibles de este nuevo episodio, mientras crece la presión para que las autoridades expliquen públicamente qué ocurrió, bajo qué fundamento fue detenido y cuál es actualmente su situación jurídica.
