AME1691. CARACAS (VENEZUELA), 09/04/2026.- Personas se enfrentan con integrantes del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) durante una manifestación de organizaciones sindicales, estudiantiles y gremiales que exigen aumentos salariales este jueves, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas volvió a poner el foco sobre los llamados colectivos y sus vínculos con el Estado venezolano, al advertir que estos grupos armados civiles constituyen un componente central del aparato represivo y de los mecanismos de control social en el país.
Por bitacora58.com
En su más reciente informe, presentado en el marco del 63.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Misión documentó relaciones prolongadas entre los colectivos y autoridades estatales que incluyen respaldo político, financiamiento directo e indirecto, apoyo logístico y material, coordinación operativa y protección institucional.
Según los investigadores, existen fundamentos razonables para considerar que el Gobierno venezolano suministró de manera regular a estos grupos armas de fuego, municiones, motocicletas, teléfonos móviles y equipos de radio. Estos recursos, de acuerdo con la investigación, habrían facilitado su participación en distintas tareas vinculadas con el aparato represivo.
La Misión señaló que los colectivos han desarrollado labores de vigilancia e inteligencia, además de identificar y localizar a personas buscadas por organismos de seguridad. También documentó su participación en la represión violenta de manifestaciones y en acciones selectivas contra personas consideradas opositoras o críticas del Gobierno.
Uno de los elementos destacados por la investigación es el nivel de influencia que estos grupos han alcanzado en comunidades. Su control o participación en consejos comunales, servicios públicos y programas sociales, según la Misión, les ha permitido utilizar esos espacios para premiar la lealtad política y castigar las expresiones de crítica o disidencia.
El informe también sostiene que existe una relación de cooperación y convergencia entre algunos colectivos y organismos estatales. La Misión documentó incluso casos en los que integrantes de las fuerzas de seguridad han pasado a formar parte de grupos civiles armados y situaciones en las que miembros de estos grupos han tenido vínculos con estructuras de seguridad.
La investigación establece además que, cuando los colectivos ejercen funciones de autoridad pública otorgadas por la legislación venezolana o actúan siguiendo instrucciones, bajo dirección o control de órganos estatales, determinadas actuaciones pueden ser atribuidas al Estado.
Pero la responsabilidad señalada por los investigadores no se limita a las actuaciones concretas de los colectivos. La Misión concluyó que las autoridades venezolanas incumplieron su obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar los abusos cometidos por estos grupos.
La ONU también advirtió que no se han adoptado medidas para desarmar o desmantelar a los colectivos, a los que identifica como una fuente persistente de intimidación y violencia en las comunidades. Esta conclusión forma parte de una evaluación más amplia según la cual las instituciones vinculadas durante años con la represión continúan operativas y conservan estructuras, políticas y prácticas similares.
El señalamiento adquiere especial relevancia porque la propia Misión reconoce que durante 2026 se produjo una reducción importante de las detenciones prolongadas y las desapariciones forzadas relacionadas con motivos políticos, además de la liberación de cientos de personas y una mayor apertura para protestas y actividades de la sociedad civil.
Sin embargo, para los investigadores de Naciones Unidas, estos cambios no han estado acompañados por reformas institucionales capaces de garantizar una transformación profunda y sostenible del sistema de represión.
El informe será presentado formalmente ante el Consejo de Derechos Humanos el 18 de septiembre. La Misión mantiene su mandato hasta octubre de 2026, después de que el Consejo decidiera en 2024 ampliar su trabajo y prestar especial atención, entre otros aspectos, a la violencia perpetrada por los colectivos.
