La detención del exalcalde de Carora, Javier Oropeza, tras su regreso a Venezuela generó una nueva reacción internacional. La congresista estadounidense María Elvira Salazar calificó el arresto como un “grave retroceso” para la transición política del país y cuestionó la continuidad de las estructuras de persecución contra dirigentes opositores.
Por bitacora58.com
Oropeza regresó a Venezuela este jueves 17 de septiembre, después de aproximadamente dos años y medio en España. Sin embargo, su retorno terminó con su detención por organismos de seguridad, un hecho que volvió a colocar su caso en el centro de la atención política nacional e internacional.
A través de una publicación en X, Salazar cuestionó que el dirigente haya sido detenido menos de 48 horas después de regresar al país.
“Que un opositor regrese al país después de más de dos años en el exilio y termine detenido apenas 48 horas después demuestra que el aparato de persecución sigue vivo”, afirmó la congresista.
La legisladora estadounidense también señaló al SEBIN y a otras estructuras de seguridad venezolanas, al considerar que deben ser desmanteladas como parte de cualquier proceso de transformación política.
“El SEBIN y todo el aparato represivo tienen que ser desmantelados. Venezuela necesita libertad, no miedo”, expresó.
El caso de Oropeza también fue planteado en el marco del segundo ciclo de conversaciones entre representantes de sectores de la oposición venezolana y el Gobierno. La presidenta de la AN-2015, Dinorah Figuera, informó que la situación del exalcalde fue llevada a la mesa de negociación y aseguró que se realizarían las diligencias necesarias para procurar su liberación.
La situación resulta especialmente significativa por las circunstancias de su regreso. De acuerdo con las declaraciones difundidas tras su llegada, Oropeza acudió al Palacio de Justicia y se acogió a la Ley de Amnistía, tras lo cual habría obtenido el sobreseimiento de la causa judicial que pesaba en su contra.
Pese a ello, terminó nuevamente detenido, convirtiendo su regreso al país en un episodio que reaviva el debate sobre las garantías para los opositores que deciden retornar después de permanecer en el exilio.
Para sus familiares y sectores políticos que reclaman su liberación, el caso representa una nueva prueba sobre las condiciones que enfrentan quienes regresan a Venezuela después de haber salido del país por razones políticas.
