El asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda vuelve a recordar la tragedia de Ronald Acuña tanto a Venezuela como a Chile, mientras el Ministerio Público chileno intenta reconstruir uno de los crímenes políticos más impactantes de los últimos años.
La Fiscalía chilena pidió 20 años de cárcel para Maickel David Villegas Rodríguez, señalado como integrante del Tren de Aragua y acusado de participar en el secuestro y homicidio de Ojeda, ocurrido en Santiago en febrero de 2024.
El juicio comenzó este jueves ante el Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago y vuelve a poner bajo los reflectores el oscuro entramado que rodeó la muerte del exteniente venezolano.
Ojeda tenía apenas 32 años cuando fue secuestrado desde su vivienda. Había escapado de Venezuela en 2017 después de ser acusado de conspiración contra el régimen de Nicolás Maduro y buscó en Chile un lugar donde sentirse protegido. A finales de 2023, el Estado chileno le concedió el estatus de refugiado político.
Pero su refugio terminó convertido en una escena de terror:
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía chilena, Villegas habría cumplido una función clave dentro de la célula del Tren de Aragua conocida como Los Piratas. Según el Ministerio Público, habría recopilado material audiovisual relacionado con el secuestro y posterior ejecución del exmilitar venezolano.
El fiscal regional Héctor Barros sostiene que su participación fue fundamental para concretar el crimen y rechaza la versión de que Villegas simplemente se encontraba en el lugar de manera circunstancial.
La investigación también mantiene abierto uno de los aspectos más explosivos del caso. La Fiscalía apunta a que el asesinato de Ojeda no habría sido un secuestro común cometido por una organización criminal, sino una operación motivada por razones políticas.
El propio Barros ha señalado que el perfil de Ojeda permite diferenciar este caso de otros delitos atribuidos al Tren de Aragua y que la principal línea investigativa apunta a una posible motivación política.
En ese contexto, el Ministerio Público chileno investiga presuntos pagos provenientes de sectores de la cúpula política del régimen venezolano a líderes de la organización criminal. Entre los nombres mencionados por la Fiscalía aparece Diosdado Cabello.
Hasta ahora, la causa cuenta con 32 personas individualizadas. Veintiséis permanecen detenidas en Chile y otras seis tienen órdenes de detención vigentes. Además, Ángelo Castillo, quien tenía 17 años cuando ocurrió el secuestro, ya fue condenado a cinco años de reclusión bajo un programa de reinserción social.
El caso de Ronald Ojeda ha trascendido las fronteras de Chile y Venezuela porque vuelve a colocar sobre la mesa una acusación estremecedora. La posibilidad de que una estructura criminal nacida dentro de las cárceles venezolanas haya sido utilizada para ejecutar una operación contra un opositor refugiado en otro país.
El Tren de Aragua, surgido en las cárceles de Venezuela, extendió sus tentáculos por varios países de América Latina y ha sido vinculado por las autoridades con narcotráfico, extorsiones, secuestros y homicidios.
Mientras el juicio avanza en Chile, la familia de Ronald Ojeda sigue esperando justicia y las investigaciones buscan determinar quiénes ordenaron el crimen y hasta dónde llega la responsabilidad de quienes pudieron haberlo financiado o coordinado.
Para muchos venezolanos, la muerte de Ojeda representa mucho más que un asesinato. Es el símbolo de un temor que persigue a quienes tuvieron que abandonar Venezuela después de enfrentarse al poder político y que ahora ven cómo las acusaciones sobre persecución y operaciones clandestinas llegan hasta los tribunales de otro país.
La justicia chilena tiene ahora la tarea de esclarecer uno de los episodios más oscuros vinculados al exilio político venezolano y determinar si detrás del brutal asesinato de Ronald Ojeda hubo solamente una organización criminal o una operación con intereses políticos mucho más altos.
