Por Bitácora58 | Derechos Humanos
Juan Carlos y Gabriel Arturo Castellanos Chinchilla llevan más de cinco años privados de libertad en Venezuela. Ambos fueron detenidos en febrero de 2021 y posteriormente condenados a 30 años de prisión por delitos relacionados con terrorismo y asociación para delinquir, en un proceso que sus familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionan por presuntas irregularidades y falta de garantías judiciales.
El caso de los hermanos, oriundos del estado Portuguesa, comenzó el 10 de febrero de 2021, cuando Juan Carlos fue detenido en Ospino. Según el relato de Naibel Venot, esposa de Gabriel Castellanos, la detención ocurrió después de que Juan Carlos presuntamente se negara a pagar una extorsión atribuida por la familia a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS). Gabriel acudió posteriormente a buscar a su hermano y también terminó detenido.
La familia sostiene que ambos permanecieron durante aproximadamente ocho meses en una situación de incomunicación, período durante el cual desconocían dónde estaban y si se encontraban con vida. Runrun.es recogió testimonios familiares que describen este período como una desaparición forzada y denuncian que los hermanos habrían sido sometidos a graves actos de tortura durante su aislamiento.
Entre las denuncias formuladas por familiares se encuentran golpes, asfixia, inmersión de la cabeza en agua y otras formas de violencia física. También se ha denunciado un supuesto abuso sexual contra Juan Carlos. Estas afirmaciones corresponden a testimonios de familiares publicados por medios venezolanos y no deben confundirse con hechos establecidos mediante una sentencia o investigación independiente.
Una condena de 30 años bajo cuestionamientos
El padre de los hermanos denunció públicamente en febrero de 2026 que sus hijos fueron condenados a 30 años de prisión “sin una sola prueba”, mientras que familiares han señalado que el expediente presentaría inconsistencias sobre las circunstancias y fechas de las detenciones.
La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) también se ha pronunciado sobre el caso y ha solicitado la libertad de los hermanos. En marzo de 2026, la ONG calificó la condena como desproporcionada y expresó preocupación por el deterioro de sus condiciones después de más de cinco años de reclusión.
Los hermanos solicitaron además acogerse a la Ley de Amnistía. Sin embargo, según información publicada en marzo, la petición fue rechazada el 6 de marzo de 2026, bajo el argumento de que el caso quedaba excluido por el artículo 8 de dicha legislación. JEP cuestionó públicamente esa decisión y pidió una revisión de la situación de ambos detenidos.
Trasladados al penal 26 de Julio
Después de permanecer recluidos en distintos centros penitenciarios, entre ellos La Yaguara y Yare III, los hermanos fueron trasladados en febrero de 2026 al Centro Penitenciario para Procesados Judiciales 26 de Julio, ubicado en San Juan de los Morros, estado Guárico.
El caso ha sido llevado públicamente por sus familiares ante distintas instituciones en busca de una respuesta judicial. En marzo, familiares de presos políticos acudieron al Palacio de Justicia para exigir celeridad en la aplicación de la Ley de Amnistía y solicitar la libertad plena de personas privadas de libertad por razones que consideran políticas. Entre los casos mencionados estuvieron Juan Carlos y Gabriel Castellanos.
Más de cinco años después de su detención, la familia continúa reclamando su libertad y el respeto al debido proceso. La organización Justicia, Encuentro y Perdón ha insistido en que las autoridades deben revisar la situación de los hermanos y garantizar sus derechos fundamentales.
El caso de Juan Carlos y Gabriel Castellanos Chinchilla permanece así entre las denuncias de familiares y organizaciones de derechos humanos que cuestionan procesos judiciales contra presos políticos en Venezuela y reclaman que las autoridades garanticen debido proceso, integridad personal y acceso efectivo a la justicia.
