El 9 de abril de 2026, fecha en la que fueron juramentados el fiscal general Larry Devoe Márquez y la defensora del pueblo Eglée González Lobato, al menos diez periodistas resultaron agredidos por funcionarios policiales durante una jornada de protestas en Venezuela.
Así lo denunció el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela, que hizo pública una carta abierta dirigida a ambos funcionarios, en la que subraya su responsabilidad de garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información en el país.
De acuerdo con la organización, los hechos ocurrieron mientras ciudadanos se movilizaban hacia la sede del Poder Ejecutivo para exigir mejoras salariales. En ese contexto, reporteros que cubrían la protesta fueron víctimas de agresiones físicas, en lo que IPYS califica como parte de un “patrón sistemático de hostigamiento” contra la prensa independiente.
La organización recordó que estas designaciones se producen en un momento crítico para la institucionalidad venezolana, en el que —afirman— la ciudadanía y la comunidad internacional esperan actuaciones apegadas a la Constitución y a estándares internacionales en materia de derechos humanos.
En su pronunciamiento, IPYS instó al Ministerio Público a iniciar investigaciones de oficio contra los funcionarios implicados en los ataques, advirtiendo que la impunidad fomenta la repetición de este tipo de hechos. Asimismo, exhortó a la Defensoría del Pueblo a activar mecanismos de protección para los comunicadores afectados y emitir recomendaciones que eviten nuevas agresiones.
El organismo también destacó que el ejercicio del periodismo está protegido por la Constitución venezolana, así como por principios internacionales como los establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que consideran la violencia contra periodistas como una grave violación de los derechos fundamentales.
IPYS alertó que el país arrastra más de dos décadas de hostigamiento contra la prensa, y recordó que en 2025 se registró un récord de 25 periodistas detenidos, muchos de los cuales aún enfrentan procesos judiciales o restricciones en el ejercicio de sus derechos.
Finalmente, la organización exigió a las nuevas autoridades pronunciarse públicamente contra las agresiones, garantizar el libre ejercicio del periodismo, establecer mesas de trabajo con organizaciones de la sociedad civil y asegurar la libertad plena de los trabajadores de la prensa sometidos a procesos penales.
“La legitimidad de sus cargos no solo emana de su designación, sino del cumplimiento efectivo de sus funciones en defensa de los derechos humanos”, concluye el documento.
