La Alcaldía de Medellín anunció que mantendrá los operativos de control migratorio en distintos sectores de la ciudad, luego de la expulsión de 17 ciudadanos venezolanos que, según las autoridades, registraban antecedentes, anotaciones o requerimientos judiciales relacionados con diferentes delitos.
Por bitacora58.com
El alcalde Federico Gutiérrez informó que los procedimientos fueron realizados de manera coordinada con Migración Colombia y la Policía Nacional. De acuerdo con la información oficial, entre los expulsados había personas vinculadas con casos de hurto, delitos relacionados con estupefacientes, porte de armas blancas y riñas. Tres de ellos, además, tendrían requerimientos judiciales vigentes en Venezuela por hurto agravado, homicidio y secuestro.
La administración municipal señaló que los procedimientos buscan identificar a ciudadanos extranjeros que puedan estar incursos en causales de expulsión previstas por la legislación colombiana. La decisión de expulsar corresponde a la autoridad migratoria, que debe verificar individualmente la situación de cada persona.
Gutiérrez afirmó que los operativos continuarán y defendió la cooperación entre las autoridades locales y nacionales para reforzar los controles. El alcalde ha insistido en que Medellín mantiene sus puertas abiertas para los extranjeros que trabajan, invierten y cumplen las normas, pero que quienes incurran en conductas delictivas deberán responder ante las autoridades.
El anuncio se produce en paralelo con controles realizados en otros municipios del Valle de Aburrá. En Itagüí, por ejemplo, la Alcaldía informó el 10 de septiembre que, tras operativos coordinados con Migración Colombia, Policía, Ejército y Homeland Security Investigations, fueron identificados extranjeros con órdenes de captura, antecedentes y registros judiciales. Migración Colombia inició tres procesos de expulsión en esos casos.
En ese contexto, el alcalde de Itagüí, Diego Torres, sostuvo que los controles continuarán en diferentes zonas del municipio para detectar posibles irregularidades y verificar la situación judicial y migratoria de ciudadanos extranjeros.
“Quien no quiera convivir con las leyes colombianas no puede estar en el territorio”, expresó Torres, al defender la continuidad de los operativos y la coordinación con la Fuerza Pública.
Las autoridades han aclarado que una expulsión migratoria no equivale por sí misma a una condena penal. Se trata de una medida administrativa que debe sustentarse en las causales establecidas por la legislación colombiana y en la evaluación correspondiente de cada caso.
Con estos procedimientos, Medellín e Itagüí mantienen una estrategia conjunta de verificación migratoria y de antecedentes, mientras las autoridades buscan establecer qué ciudadanos extranjeros pueden permanecer legalmente en el país y cuáles deben afrontar medidas administrativas de salida conforme a la ley.
