La exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Bárbara Gabriela César Siero, decidió romper el silencio sobre las circunstancias que rodearon su salida de la máxima instancia judicial venezolana y formuló graves señalamientos sobre las presiones que, según su propio relato, habría recibido durante su permanencia en el tribunal.
Redacción Bitácora58.com
En un video difundido recientemente, César asegura que sus familiares fueron presuntamente secuestrados como mecanismo de presión para obligarla a suscribir determinadas decisiones judiciales, entre ellas sentencias relacionadas con procesos de inhabilitación política con las que, según afirma, no estaba de acuerdo.
La denuncia adquiere especial relevancia por el cargo que ocupaba César dentro del Poder Judicial. La exmagistrada fue vicepresidenta de la Sala Político Administrativa del TSJ y permaneció en esa instancia hasta comienzos de 2024.
Su salida del máximo tribunal venezolano estuvo rodeada de interrogantes. En enero de 2024 se conoció la detención de dos de sus hermanos, los militares Guillermo Enrique César Siero y Guillermo Henry César Siero, quienes fueron señalados por las autoridades por su presunta vinculación con una trama conspirativa. Posteriormente, el TSJ informó que César Siero había incurrido en una “falta absoluta” y que el magistrado suplente Emilio Ramos González ocuparía su lugar desde el 13 de marzo de ese año. El tribunal no explicó públicamente si la salida obedeció a una renuncia, jubilación u otra circunstancia.
El contexto resulta particularmente significativo debido a que, durante ese período, la Sala Político Administrativa estuvo vinculada a decisiones de alto impacto político. Entre ellas estuvo el proceso relacionado con la inhabilitación de María Corina Machado, cuya confirmación fue anunciada por el TSJ en enero de 2024. Organizaciones venezolanas de defensa de la justicia cuestionaron entonces la falta de publicación oportuna de la sentencia y señalaron preocupaciones relacionadas con el debido proceso.
Ahora, con sus declaraciones, César ofrece su propia versión sobre lo ocurrido y sostiene que existieron presiones que comprometieron su voluntad para suscribir decisiones judiciales.
De confirmarse las acusaciones planteadas por la exmagistrada, los señalamientos abrirían interrogantes de enorme gravedad sobre la independencia judicial, el proceso de elaboración de determinadas sentencias y las condiciones bajo las cuales fueron tomadas decisiones que tuvieron consecuencias directas sobre derechos políticos de ciudadanos venezolanos.
Hasta el momento, las afirmaciones sobre el supuesto secuestro de familiares y las presiones para firmar sentencias constituyen el testimonio de la exmagistrada y requieren corroboración independiente. No obstante, su relato vuelve a poner bajo escrutinio las circunstancias que rodearon su salida del TSJ y el funcionamiento de la Sala Político Administrativa durante ese período.
El testimonio de Bárbara César podría abrir un nuevo capítulo en el debate sobre las presiones ejercidas dentro del sistema judicial venezolano y sobre la independencia de los magistrados al momento de adoptar decisiones de trascendencia política.
