Washington endurece su ofensiva contra presuntos narcotraficantes en el mar, mientras mantiene abiertos canales de diálogo con las autoridades venezolanas señaladas de formar parte del Cártel de los Soles.
Redacción Bitácora58.com
Las acciones militares de Estados Unidos contra pequeñas embarcaciones sospechosas de narcotráfico vuelven a generar cuestionamientos sobre la política de Washington hacia Venezuela y la región.
Este domingo 4 de octubre, fuerzas estadounidenses atacaron una denominada go-fast vessel en el mar Caribe. El Comando Sur aseguró que la embarcación operaba en una ruta conocida del narcotráfico y que información de inteligencia había confirmado su participación en actividades ilícitas. Cuatro personas murieron en la operación.
El Pentágono ha convertido este tipo de operaciones en uno de los principales componentes de su campaña contra organizaciones que la administración Trump califica como “narcoterroristas”. Desde septiembre de 2025, decenas de embarcaciones han sido atacadas en el Caribe y el Pacífico oriental, con más de 230 personas fallecidas según distintos recuentos.
La contundencia militar contrasta con otra realidad, Washington mantiene abiertos canales políticos y económicos con representantes de Venezuela, incluyendo acuerdos relacionados con elpetróleo, deuda, minería y la recuperación de activos venezolanos.
Es precisamente allí donde surge una pregunta política de fondo. ¿Cómo puede Estados Unidos desplegar fuerza letal contra una lancha sospechosa de transportar droga, mientras al mismo tiempo mantiene negociaciones con sectores del poder venezolano señalados durante años por organismos internacionales y autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con redes de narcotráfico?
La diferencia de trato alimenta una creciente discusión sobre la coherencia de la estrategia estadounidense. Una embarcación en el Caribe puede ser destruida en cuestión de segundos con base en información de inteligencia que no siempre es hecha pública, mientras que con los actores políticos y económicos vinculados al poder venezolano se privilegian las conversaciones y los acuerdos.
El contraste resulta especialmente polémico para los venezolanos, Estados Unidos afirma combatir las estructuras del narcotráfico en el Caribe, pero simultáneamente negocia con representantes del poder que durante años ha sido señalado por Washington por presuntos vínculos con el denominado Cártel de los Soles.
Más allá de las declaraciones oficiales, queda planteado un debate que Washington tendrá que responder: si la lucha contra el narcotráfico justifica operaciones militares letales contra presuntos traficantes en alta mar, ¿por qué la estrategia cambia cuando se trata de negociar con quienes forman parte del aparato político y económico venezolano?
